Ismael Medina, Entre masones anda el juego

jueves 26 de febrero de 2009

Entre masones anda el juego

Ismael Medina

ESCRIBÍ en una crónica anterior que uno de los ministerios preferidos por la masonería para los de la secta era el de Justicia. El sustituto de Fernández Bermejo lo es confeso, a diferencia de un número nada desdeñable de miembros del gobierno Rodríguez que lo ocultan. ¿Un jacobino habilidoso por un rudo jacobino?. La fotografía del cambio de la cartera de Justicia nos muestra como a Francisco Caamaño se le fue el índice identificador sobre la muñeca de su antecesor. Continuidad con otros modales es lo que nos anuncian la imagen y la biografía del nuevo ministro.

Caamaño es un socialista gallego y voluptuoso a juzgar por su ostentosa acumulación de grasa, además de catedrático de Derecho Constitucional. Dicen de este tipo de adiposos que son gente tranquila, cordial y complaciente. He conocido a no pocos de estos barrigudos de andar tambaleante por el desplazamiento del centro de gravedad con una dosis equivalente de mala leche de la que hay que ponerse al resguardo. Tampoco es de fiar su condición de especialista en Derecho Constitucional. Sus antecedentes en este ámbito también deben ponernos en guardia. Su resolutiva influencia en la negociación del Estatuto de Cataluña alerta de que se ha servido de sus conocimientos, cuando menos en este ámbito, para burlar la muy dañada Constitución de 1978 en la marcha hacia la consumación de la transformación de España en “nación de naciones”, es decir, en una federación o confederación de repúblicas más próxima al modelo soviético que al norteamericano o al alemán. Fue Caamaño el que introdujo el término de nación en el Estatuto catalán y dio pábulo a ese mismo desvarío en el socialismo gallego, al que sumaría el califa Chaves en Andalucía y que por emulación asumen otras taifas, incluso bajo dirección conservadora.

No le doy a Caamaño ni tan siquiera los tópicos cien días de confianza o de espera para ver por donde rompe. Sus palabras en la toma de posesión son humo que se disipa en el aire. Dicen que es el hombre de confianza de María Teresa Fernández de la Vega, su hada madrina. Lo es por tanto de Rodríguez. Y los tres lo son de la logia. Sus proclamadas buenas intenciones para atender las demandas de los profesionales de la Justicia tienen el mismo valor que las de Rodríguez, al que servirá con parejo fervor que su antecesor, mientras se zampa en plato dorado las piezas sobre las que han disparado Fernández Bermejo y Garzón.

El principal problema que enturbia la credibilidad y las insufribles cojeras de la Justicia no reside en cuestiones materiales y de organización, aunque sean importantes por cuanto frenan su funcionamiento, sino por haberle sustraído al Poder Judicial su independencia, indispensable para la existencia real de un Estado de Derecho.

Es innecesario recurrir a Montesquieu para recordar que la separación de poderes es fundamental para la existencia de un auténtico Estado de Derecho, sea convencionalmente democrático o no. Alfonso Guerra, con el descarado cinismo que le caracteriza, extendió la partida de defunción de Montesquieu cuando era vicepresidente del gobierno con González. Y difunto sigue. Sobre todo en la España que se arroga la condición de democrática, cuando en realidad el sistema ha derivado en rupestre totalitarismo partitocrático cada vez más próximo al modelo chavecista de Venezuela.

El nuevo ministro de Justicia dijo asumir el firme compromiso del Gobierno para conseguir una Justicia “ágil, independiente y transparente”. Muchos se preguntan: ¿Y cómo lo va a lograr sin un giro radical de 180 grados que barra de un plumazo todas las aberraciones acumuladas desde que arribó la tan ansiada democracia de partidos, causante de su politización, su deterioro y su descrédito ante la sociedad? El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, le ha dado a Caamaño un plazo de cuatro meses para que se retrate: “La palabras nos parecen muy bien, pero lo que nos importa son los hechos”. Salvo que los magistrados en cuyo nombre habla Antonio García, y los de las asociaciones que participaron en la reciente huelga, traguen sapos como si se tratara de yemas de Santa Teresa, a la vuelta de cuatro meses habrán de hacer una huelga de verdad y no de un día. Y algo más.

El profesor Andrés de la Oliva, prestigioso profesor de Derecho Procesal, exponía con claridad y rigor la muy grave entidad del problema de la Justicia en un artículo publicado en “ABC”. Muy poco se resolverá con atender las exigencias respecto de la modernización de los medios materiales en las dependencias judiciales. Ni tan siquiera con la imprescindible vuelta atrás en las transferencias otorgadas a las autonomías, las cuales se han demostrado seriamente perturbadoras y conflictivas. Es imprescindible y urgente sustraer a la Justicia de su dependencia de los maniqueísmos partitocráticos. Pero sería iluso esperarlo cuando eso es precisamente lo que desde hace treinta años se persigue, sobre todo en los periodos de mayoría parlamentaria socialista, aunque deba reconocerse que tampoco en tiempos de mayoría conservadora se puso especial empeño en intentarlo.

La dimisión-cese de Fernández Bermejo carece de mayor significado que el de la necesidad de capear el escándalo ante la inminencia de las elecciones en las taifas gallegas y vascongadas. Nada se sustanciará en este aspecto mientras Baltasar Garzón no sea removido de la Audiencia Nacional e incluso expulsado de la carrera judicial, opciones para las que acumulado muy superiores méritos que otros miembros de la judicatura cuyo pecado fue salirse de los raíles de lo “políticamente correctos”. Pero Garzón parece ser un intocable pese a sus múltiples desplantes, errores de instrucción e inequívoca politización de las acciones emprendidas, la última contra el PP, sospechosamente en la línea de las conveniencias coyunturales del gobierno socialista. Incluso podría darse en un futuro no lejano que el nuevo ministro de Justicia satisficiera su pretensión inmediata de presidir la Audiencia Nacional. Los del triángulo solo abandonas a quienes favorecen su juego cuando dejan de serles útiles.

El portavoz de la APM también señaló que en sus reivindicaciones “nosotros siempre nos hemos dirigido a un Gobierno, que es sobre el que recae la responsabilidad principal en la dotación de la Justicia, y no a uno u otro ministro, que forma parte de un todo”. Da igual que cambie el titular del ministerio de Justicia si permanece la estructura jacobina y notoriamente masónica del ese gobierno y su presidente. Caamaño venderá a la judicatura el chupa-chup de más medios materiales. Pero no avanzará un milímetro hacia la indispensable independencia de la Justicia. Acentuará solapadamente su descomposición. Es lo que conviene al totalitarismo socialista y a la secta.

El Semanal Digital resumía días atrás las intervenciones del histopriador Ricardo de la Cierva en la COPE y en la cadena TMT sobre la penetración de la masonería en el gobierno y en otras esferas del poder. Señalaba, por ejemplo, la pertenencia del actual director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, a la Orden Martinista Sinárquica, al igual que José Bono, su valedor, hoy presidente del Congreso de los Diputados y anteriormente ministro de Defensa. Y afirmaba que tenía documentada la condición masónica del presidente del gobierno. A lo que añadía César Vidal en La Linterna, de la COPE, que Rodríguez seguía el programa del Gran Oriente de Francia.

La subordinación de Rodríguez al Gran Oriente de Francia, sea directamente o a través del Gran Oriente de España, podría explicar, por ejemplo, el “favor” de Sarkozy de prestarle una silla en la pasada reunión del G-20 y su entreguismo a las exigencias económicas francesas en sectores críticos para España. O la de Endesa a ENEL, cocinada con Prodi en tan confusos términos, o más, que la de Antibióticos, pactada por Felipe González con Craxi. Ahora, por cierto, Sarkozy y Berlusconi han propinado a Rodríguez un sonoro bofetón al convenir y publicar que España no tiene sitio en el G-8 ya que conviene más incluir a países emergentes como China, Brasil o India. Vuelve a cumplirse la vieja máxima de que “Roma no paga traidores”.

Lo repito una vez más: amarrado obsesivamente al fantasma de su abuelo, Rodríguez nos retrotrae a los supuestos masónicos, federalistas y jacobinos de la II República, no sólo en lo que hizo, sino también en lo que no pudo alcanzar tras su derrota en la guerra 1936-1939: sometimiento totalitario de las instituciones del Estado, descomposición moral de la sociedad, acción sostenida contra la Iglesia católica, desarraigo religioso, descomposición y dependencia política de las Fuerzas Armadas, servidumbre de la Justicia, utilización sectaria de la enseñanza, conversión de las Fuerzas de Seguridad del Estado en policía política, fraudes electorales, entrega gratuita de sustanciales parcelas de la soberanía nacional a potencias extranjeras de la que las dejaciones territoriales es Gibraltar un cao nauseabundo… Y todo ello encaminado a la destrucción de la unidad de España y a desarraigarla de su Historia.

Pero no sólo importa conocer la penetración masónica en el gobierno y en muy variados ámbitos institucionales. Además de los destapados, como ahora el de Caamaño, existen otros muchos ocultos, aunque los delate su actuación sincronizada con las diversas ramas de la secta en sus respectivas esferas de poder. Después de la II Guerra Mundial ha añadido el iluminismo, persistente enemigo de España desde su creación por Adam Weishaupt al servicio de la casa Rothschild: esas otras ramas del Nuevo Orden Mundial de las que hemos tratado con abundancia en mis crónicas y en el Foro. Todas ellas con pareja infiltración que la masonería en los ámbitos institucionales, partitocráticos, culturales, financieros, empresariales, sociales y mediáticos.

La II República tuvo que lidiar con el desplome financiero mundial de 1929. Y en vez de adoptar medidas congruentes para afrontarla, la acentuó la izquierda mediante incitaciones revolucionarias, despilfarros, ocultaciones y demagogia. España estaba ya en ruina cuando estalló la guerra. Vivimos ahora una situación de fondo similar a la de entonces,, aunque sus exteriorizaciones sean diversas y en apariencia menos virulentas. A veces me pregunto, y no sin fundamento, si la desastrosa gestión de la actual y profunda crisis económica por el gobierno Rodríguez, agravada por una corrupción galopante, se debe solo a la mediocridad e insolvencia de los cuadros dirigentes. O si también cuenta una inducción escondida que nos conduce con determinación hacia el abismo. Hacia el no ser de España. Hacia la consumación de la venganza iluminista, acariciada y fallida en repetidas ocasiones. La última, por el régimen de Franco.

Concluía la crónica de la pasada semana con el lema lanzado por la marxista Naomi Klein de “¡Que se vayan todos!”. No desconocía su intención. Pero hay gritos que son intercambiables. Para detener el hundimiento de España hacia el que somos conducidos por una partitocracia títere apenas si cabe otra salida que un vuelco casi total de lo actuado desde 1977 hasta hoy. Pero su logro exigiría un conmoción social de gran alcance bajo la dirección de una minoría de hombres íntegros. lúcidos y sin otra ambición que la de servir a España. Pero nada de eso se otea en el horizonte. Al menos por ahora.

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