Zarzalejos, La sentencia de los treinta años

lunes 15 de septiembre de 2008
La sentencia de los treinta años

José Antonio Zarzalejos
Es incomprensible que la sentencia más importante de cuantas ha dictado el Tribunal Constitucional en relación con el modelo territorial de España, es decir, acerca de la unidad de España, haya pasado tan inadvertida y con tan escasas valoraciones mediáticas. No por descontada, la tesis del Tribunal de garantías constitucionales es menos importante. La resolución del pasado día 11 de septiembre del TC estima el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la Ley del Parlamento vasco 9/2008, de 27 de junio, “de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política”.
Los motivos por los que el Constitucional tumba esta atolondrada y peligrosa iniciativa del Gobierno tripartito vasco, en connivencia con los filoetarras, son tres:

La tal “consulta” es, en realidad, un referéndum que, como tal, correspondería convocar al Gobierno de la Nación, de tal manera que el Parlamento vasco con esta ley invade las competencias exclusivas del Estado.

La consulta, además, es ilegal porque articula un inexistente “derecho a decidir” del pueblo vasco. Pues bien, ni ese “derecho a decidir” existe en la Constitución porque sería tanto como reconocer facultades secesionistas a las comunidades autónomas, ni hay más titular de tal capacidad de decisión que el soberano pueblo español en su conjunto, porque es el que titulariza la soberanía nacional.

La ley del Parlamento vasco es inconstitucional también porque es de “artículo único” y semejante formato normativo restringe inadecuadamente el derecho de los parlamentarios a la participación legislativa.
Con esta sentencia, además de echarse por tierra —segunda vez— la iniciativa independentista de Ibarretxe y sus aliados, establece una doctrina general que afecta también al nuevo Estatuto de Cataluña y disuade de cualquier intento de, con la actual Constitución, alterar el modelo de Estado: unitario y autonómico; por tanto, no federal, ni confederal, ni plurinacional. ¿Es o no decisiva la resolución? Lo es y no deja de serlo porque el PNV —que va a pactar los Presupuesto con el Gobierno de Zapatero— haya mirado a otro lado para no contemplar la chapuza de su lehendakari que reincide en un mesianismo que ni a los nacionalistas vascos les resulta mínimamente coherente. El propio Consejo Consultivo de Euskadi ya le advirtió que el texto era inviable e Ibarretxe sabía que, aun prosperando, la Unión Europea establecería condiciones incumplibles para el buen fin de su propósito: en relación con la autodeterminación de Montenegro la UE requirió un referéndum con una participación mínima del 50% y un apoyo del 55% de los sufragios emitidos. Ambos guarismos hubiesen sido literalmente imposibles en el País Vasco.

Además, la sentencia del TC es inapelable. Así lo recordó el ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Javier Borrego, que en una entrevista publicada en El País el pasado 7 de septiembre afirmaba, taxativo, que el “derecho a decidir” no existe en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que los gobiernos no tienen acceso al Tribunal de Estrasburgo. Así que sus bravatas reactivas conducen al presidente del Ejecutivo de Vitoria también al peor de los ridículos.

Todo ha sido una enorme impostura del PNV, una ensoñación, un ejercicio de distracción radical y estéril, pero de esta nueva ignara iniciativa hemos extraído una resolución histórica, la más importante sobre la unidad de España y su interpretación justo cuando está al caer el trigésimo aniversario de la Constitución. El lehendakari no ha reparado en el enorme favor que ha hecho a la causa de la cohesión territorial de España y a su teorización jurídico-constitucional. Hemos salidos con bien de la refriega con este iluminado de evocaciones dieciochescas y los nacionalistas catalanes harían bien en tomar nota de esta sentencia. Porque, insisto, es histórica y causa estado jurídico y político.

http://www.estrelladigital.es/diario/articulo.asp?sec=opi&fech=15/09/2008&name=zarzalejos