¿Suicidio asistido o muerte por decreto?

8-IX-2008
¿Suicidio asistido o muerte por decreto?
La versión socialista de la eutanasia es regresiva, pues de hecho veda a los pacientes el acceso a una tecnología que les permite vivir más y mejor. Más que una extensión de derechos, el plan del doctor Soria constituye su negación.

De forma secreta y engañosa, es decir, apelando a la libertad y a los derechos individuales, así quiere el Gobierno legalizar el mal llamado "suicidio asistido", que no es sino la muerte decretada por un grupo de presuntos expertos a sueldo del Estado. Más allá de la utilización de esta iniciativa como cortina de humo para desviar la atención de la crisis económica, el proyecto de eutanasia favorecido por el Ejecutivo es parte del proyecto de cambio social liderado por los socialistas. Una transformación que implica la creación de supuestos nuevos derechos administrados por agentes estatales según sus gustos y preferencias, en este caso su repugnancia estética por la muerte cuando esta se produce como resultado de una larga enfermedad.

Independientemente del destino que la marcha de la economía depare al PSOE, Rodríguez Zapatero está decidido a dejar su impronta en la sociedad española a través de distintos experimentos de ingeniería social, uno de los cuales es tratar de convencer a los ciudadanos de que lo más conveniente para ellos y sus seres queridos es que, ante una enfermedad crónica o terminal, sea el Estado quien decida lo mejor para ellos, en este caso poner fin a sus vidas.

Es llamativo que sea precisamente un científico, el ministro Bernat Soria, el que abandere este movimiento en pro de la muerte por decreto. Entre otras cosas, el desarrollo de la medicina se ha traducido no solo en un alargamiento de la vida, sino también en una reducción del dolor y el sufrimiento ocasionados por numerosas dolencias. Los cuidados paliativos, a cuya extensión a "toda la población" se comprometió el PSOE en su programa electoral de 2008, han mejorado de forma extraordinaria la calidad de vida de millones de personas y aminorado, y en algunos casos incluso eliminado, las penalidades que conllevan las enfermedades irreversibles. Es por esto que la versión socialista de la eutanasia es regresiva, pues de hecho veda a los pacientes el acceso a una tecnología que les permite vivir más y mejor. Más que una extensión de derechos, el plan del doctor Soria constituye su negación.

El caso de Holanda, donde el consentimiento del paciente ha sido reemplazado por la percepción del médico de que existe una petición, que esta es voluntaria y que hay un sufrimiento insoportable, debe alertarnos sobre las funestas consecuencias de esta nueva intromisión del Estado en un asunto que atañe a cada persona. Los numerosos casos de vicios de consentimiento detectados por las autoridades de aquel país y el éxodo de miles de ancianos holandeses a la vecina Bélgica demuestran que el plan del Gobierno español no es una extensión de ningún derecho individual, sino más bien una nacionalización de los cuerpos de los ciudadanos, cuyo destino dependerá de la opinión de un par de facultativos. Sin embargo, incluso en Holanda existe la objeción de conciencia para médicos y enfermeros, algo que el proyecto de eutanasia promovido en la actualidad por el Gobierno andaluz se propone castigar con multas de hasta un millón de euros.

Todos los años, alrededor de 3.000 personas ponen fin a sus vidas en España. La mayoría de los suicidios son causados por diversas enfermedades y trastornos mentales que, según los expertos, pueden reducirse con la mejora de la atención médica. Pero por muy tristes y lamentables que nos parezcan, estas muertes son producto de un acto voluntario, no de una orden ministerial.


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