Miguel Martinez, Caso Mari Luz, No son los jueces el problema

jueves 11 de septiembre de 2008
Caso Mari Luz. No son los jueces el problema

Miguel Martínez

E SCRIBÍA en estas mismas páginas el pasado mes de abril, que si el inaceptable error judicial que propició que el asesino de Mari Luz estuviese en la calle cuando no debía, no ponía de patitas en la calle a alguno de los que cobra un sueldazo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, había para montar la Marimorena. Pues, visto lo visto, habrá que montarla, porque desde luego que cuando un servidor se refería a ese “alguno” -cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de la Justicia en España o que sepa lo que cobra un magistrado ya lo habría deducido entonces- no se estaba refiriendo, ni de coña, al juez Rafael Tirado.

Parece ser que los mil quinientos euros con los que dicho magistrado ha sido multado, saben a poco a la opinión pública, habiendo llegado a afirmar algún tertuliano televisivo iluminado, que ése es el precio que se le da a la vida de Mari Luz, como si hubiese sido el juez quien la asesinara. Evidentemente sobre el juzgado de ese señor recaía la responsabilidad de ejecutar esa sentencia. Sí, de ésa y de de los cientos –cuando no miles- de procedimientos y de sentencias que, como en todos los juzgados, se apilan sobre las mesas de los funcionarios -muchas veces interinos y no pocas sin formación jurídica suficiente- pendientes de instruir, redactar y ejecutar. A día de hoy, entre esas decenas de miles de sentencias sin ejecutar, se encuentran muchísimos casos que podrían acabar como éste y ante los cuales, los jueces pueden hacer poco más que, impotentes, cruzar los dedos y tocar madera para que ocurra en el juzgado de enfrente y no en el propio. Cuando en todos los juzgados –porque es en todos- se acumula tamaño cartapacio de casos pendientes, quizás no sean los jueces los responsables y quizás haya que buscar mucho más arriba para determinar el “alguno” a que un servidor se refería y que, probablemente, no acabe de patitas en la calle, sino instando a la Fiscalía a que recurra la decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por mucho que sepa –o debiera saber- que no hay más cera que la que arde.

Les podría contar casos de magistrados que se van el viernes de su juzgado con una troíler cargada de expedientes para redactar las sentencias en su casa durante el fin de semana, porque no les alcanza el tiempo para hacerlo en su horario de trabajo entre juicio y juicio, de otros cuya más inmediata aspiración profesional, no es ya la de un ascenso en el escalafón judicial, sino la de conseguir el traslado a un juzgado de nueva creación donde no haya que responder porqué no se han ejecutado cientos de sentencias que ya se apilaban en la mesa años antes de que tomara posesión como titular de ese juzgado, de juzgados cuyo el noventa por ciento del personal es interino, donde los ordenadores parecen comprados en un anticuario y donde el archivo se extiende por los pasillos hasta el cuarto de baño. Un sistema informático a la altura del siglo XXI bastaría para evitar muchos de los nuevos casos Mari Luz que irremediablemente se producirán y, convendrán ustedes conmigo en que, evidentemente, no depende de jueces y magistrados la adquisición e instalación de este tipo de soluciones, que no es más que una de las numerosísimas reformas que nuestro sistema reclama a gritos.

Por su parte, los que podrían tomar medidas para disminuir el colapso judicial, lo hacen aportando soluciones imaginativas, como la de añadir nuevos delitos a nuestro ya atiborrado Código Penal, como el delito de conducir sin permiso de conducción y determinados excesos de velocidad, o como bajarse películas del Emule. Ojo al dato. En el Partido Judicial donde reside un servidor, según leo en la prensa, la entrada en vigor de esos nuevos delitos contra la seguridad del tráfico van a suponer, anualmente, dos mil casos nuevos para los juzgados de la zona. ¿Saben cuántos nuevos funcionarios han sido incorporados a las plantillas de esos juzgados? Cero, según el mismo periódico. ¿Les sorprende? Si la respuesta es sí, es que desconocen el funcionamiento de la Administración.

Si ya de por sí sería cuestionable la judicialización y el traslado a la vía penal de toda conducta que suponga un problema a la sociedad -hecho que da al traste con el principio de subsidiariedad penal o última ratio (si la protección del conjunto de la sociedad puede producirse con medios menos lesivos que los del Derecho Penal habrá que prescindir de la tutela penal y utilizar el medio que con igual efectividad, sea menos grave y contundente) lo que ya no tiene ni pies ni cabeza es que, encima, no se dote a las distintas administraciones de los medios necesarios para dar tratamiento a todo el volumen de trabajo añadido que esa nueva situación comporta. Como ocurriría en una factoría en la que se incrementara el volumen de producción sin adquirir nueva maquinaria, los expedientes se acumulan en las estanterías de los juzgados como se acumularían la materia prima, pendiente de procesar, en los almacenes de la fábrica.

Ítem más. La ausencia de mecanismos de mediación eficaces en los conflictos privados, propician que acaben en los juzgados auténticas gilipolleces –disculpen el vocablo, pero no tiene otro nombre- como la de la señora que acusa a su vecina de utilizar magia negra para que se le mueran las plantas –no se rían, es real como la vida misma y un juzgado deberá entender sobre si hubo o no hubo magia-, o el que denuncia que la hiedra de la casa de al lado le invade el jardín… y toda esa multitud de pequeños conflictos vecinales que echan más leña al fuego de los juzgados de instrucción porque no existen instancias eficaces que los resuelvan, o la inexistencia de tribunales específicos de lo Rosa Contencioso Famosil, que se dediquen a dirimir si fue cierto que la Obregón llamó gorda a la que insinuó que la silicona no se la pusieron, sino que se la tiraron desde lejos y donde cayó quedó, y todas esas estupideces que debieran ser tratadas al margen de la Justicia para que ésta pudiera ocuparse íntegra y exclusivamente de los asuntos realmente importantes.

Y si alguno de mis queridos reincidentes extrae que la finalidad de esta columna es la de defender al juez del caso Mari Luz se equivoca de todas todas, que bien sabrá él solito defenderse. Los realmente indefensos son los usuarios de la justicia, que somos los que, en definitiva, nos vemos perjudicados por un sistema judicial anclado –siendo benévolos- en el siglo pasado. La vergüenza no es que al juez Tirado lo sancionen con mil quinientos euros. La vergüenza es que tendremos más casos como el de Mari Luz. Y los tendríamos aunque pusieran de patitas en la calle al juez Tirado y a todos los funcionarios de su juzgado. Porque no son los jueces el problema.

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