Manuel Jimenez de Parga, Se despeja el horizonte constitucional

Se despeja el horizonte constitucional

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Miércoles, 17-09-08
LA última buena noticia, en el ámbito jurídico-político, es la decisión de ilegalizar Acción Nacionalista Vasca, ANV, acordada unánimemente por la Sala 61 del Tribunal Supremo. ¿Estamos retomando, por ventura, el buen camino?
Hemos atravesado por una etapa con abundantes nubarrones. Parecía -y así era proclamado con cierta insistencia- que España podía descomponerse en una pluralidad de zonas territoriales, independientes unas de otras. Aparecieron en la escena pública unos personajes arrogantes que anunciaban el final de la actual configuración constitucional de España. Entre ellos, los portavoces de ANV. Se ha negado la unidad de nuestra Nación y se ha afirmado, por el contrario, que existen varias naciones en el territorio del Estado. «Lo que hay es un Estado plurinacional», se ha repetido en los medios de comunicación, mientras que la contestación al disparate, firme y contundente, apenas se percibía. ¡Ay de los tibios!
Este panorama oscuro ha empezado a iluminarse. El Tribunal Constitucional ha declarado que no tiene encaje en el presente ordenamiento jurídico-político, y por tanto es nula, la ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, por la que se efectuó una convocatoria pública para recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.
La presentación del texto, con ropaje literario atractivo, no ha engañado al Tribunal Constitucional. Los magistrados, de forma unánime, han ratificado la doctrina que fue establecida ya en 1981, en una de las primeras sentencias del tribunal: «La Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional».
Se dijo así de formar clara en la STC 4/1981, de 2 de febrero, y últimamente se había recordado en la STC 247/2007, de 12 de diciembre.
Pero unos cuantos irresponsables o ignorantes (da lo mismo) pretendieron convencernos de que la diversidad de las regiones españolas -hecho indiscutible- tenía que configurarse en un Estado plurinacional, o sea que las regiones y nacionalidades que ampara la Constitución (art. 1,2) eran «naciones», y que la autonomía era una forma de soberanía.
Se ha venido actuando sin tener en cuenta lo que la Constitución establece. Es cierto que los textos constitucionales pueden (y deben) ser reformados, adaptándolos a las nuevas exigencias y nuevas circunstancias. Las Constituciones no son dogmas intocables, ni una generación política puede dejar una herencia que han de aceptar sin derecho a inventario los futuros ciudadanos. Pero la reforma ha de efectuarse siguiendo el procedimiento que la propia Constitución señala.
Bien lo ha proclamado el Tribunal Constitucional en su sentencia del día 11 de septiembre (casualmente la fecha de la «Diada Nacional de Cataluña», como con ironía ha destacado Andrés Betancor): «No caben -sentencia el tribunal- actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del Pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político».
Con estas claras afirmaciones el horizonte político se está despejando. Sin embargo, nos han colocado sobre el tapete de nuestras preocupaciones otros asuntos que confunden a muchos e inquietan a todos.
Se intenta no distinguir, por ejemplo, entre la investigación histórica y la investigación judicial. Todos los españoles tenemos derecho a saber lo que le ocurrió a cualquiera de nuestros parientes, o simplemente amigos, en la terrible época de la República desvirtuada, la Guerra Civil y a partir de 1939. El historiador tiene el cometido de penetrar en ese tiempo pasado y facilitarnos la mayor información posible. Y el historiador puede solicitar las ayudas que necesite, verbigracia a los organismos ministeriales dotados de medios eficaces al efecto. (Un ejemplo a tener en cuenta lo acaba de dar Manuel Aguilera con su lista de 982 socialistas, comunistas, anarquistas, etc., asesinados en la denominada «zona republicana» por los propios antifascistas: rojos contra rojos).
Diferente, en cambio, es una investigación judicial cuando, como ocurre en este caso, el magistrado está paralizado por una amnistía que le impone el olvido completo.
Hace unos años, en 1996 y 1998, tuve la oportunidad de discrepar en el Tribunal Constitucional de la denegación del amparo a unos recurrentes que fueron víctimas de instrucciones cuasi demoníacas, en el sentido que el demonio tiene en el pensamiento griego clásico, como violador de las reglas de la razón en nombre de una luz trascendente que es no sólo del orden del conocimiento, sino también del orden del destino; se abrió una causa general que se convirtió en el cauce de cualquier denuncia de hechos sin la más mínima relación con el objeto del proceso penal.
Naturalmente al redactar esos Votos particulares a las SSTC 63/1996 y 41/1998 no pude prever que mis opiniones recobrarían actualidad con lo que ahora sucede.
Otro asunto que dificulta la buena convivencia de los españoles es la forma de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero la culpa no es de los que han intervenido en la última renovación, sino de los que revisaron el sistema en 1985. El 10 de marzo de ese año 1985, al hacerse público el cambio, yo escribí un artículo en los periódicos que titulé «Cambio constitucional sin reforma del texto». Luego he insistido con la misma crítica en algunos libros. Terminaba mi análisis con estas palabras: «A partir de ahora hablar del ´Poder Judicial´ puede ser una broma, que algunos considerarán de mal gusto».
Recuerdo con tristeza que fueron muy pocos los que reaccionaron públicamente en aquel momento contra la mutación constitucional. Otra vez los tibios señalaron el cómodo camino a seguir.
Igual que se ha detenido el proceso de los independentistas (más o menos encubiertos) hay que confiar en que la administración de Justicia mejorará en un futuro próximo, y que recuperará su buena imagen el órgano del Gobierno de los jueces. Los magistrados de la Sala del 61 nos animan a pensar que el horizonte constitucional se despejará un día completamente.

http://www.abc.es/20080917/opinion-tercera/despeja-horizonte-constitucional-20080917.html