Ladron de Guevara, Ibarretxe ante la encrucijada

jueves 4 de septiembre de 2008
Ibarretxe ante la encrucijada

Ernesto Ladrón de Guevara

E S evidente que Ibarretxe y su clan, el PNV, están contra las cuerdas. Necesitan como sea emociones para encandilar a la masa de bobos que siguen votando con la mirada puesta en el chuletón, más que el futuro de nuestros hijos. Es ya un clásico de la política el entusiasmo electoral guiado por el sentimiento intuitivo, en la emoción incompatible con la razón, inconciliable con las luces, con la moral, con la ideología basada en ideales que van más allá del interés egoísta y ególatra. Por ello Ibarretxe y sus boys han decido dar un paso más allá hacia el disparate: llevar al Estado español (o sea a su administración pues otra cosa es la Nación con la que insistentemente equivocan el término) a Estrasburgo; al –nada menos- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y percatándose que ellos también son Estado, y que no pueden concurrir a ese tribunal, hacen un alegato para que los ciudadanos lleven a España a dicho Tribunal por violación de derechos humanos. ¿Cuáles derechos? Los derivados de la participación política, es decir a ser consultados. Y este humilde servidor que durante mucho tiempo ha demandado sus derechos como alavés a ser consultado sobre mi exigencia a revisar mi estatuto de vasco, es decir a mi legítimo derecho a separarme de Euskadi, sigue con sus derecho a ser consultado en la vía muerta. ¿Tengo que ir a Estrasburgo a defender mi derecho a que se me consulte? ¿Y a quién demando? ¿Al Estado Español porque el Vasco me impide mi derecho a que se me consulte sobre si quiero seguir en Euskalherría o al Estado Vasco disociado? Estoy hecho un lío.

Hace ocho años un grupo de idealistas del Foro Ermua (cuando el Foro Ermua era otra cosa), creyendo que la Comunidad Europea tomaría cartas en las aberraciones eusko-nazis que tenían contra las cuerdas a los ciudadanos pacíficos que tan sólo aspirábamos al imperio de la ley y al orden democrático, recurrimos a diferentes instancias de la Unión Europea (Parlamento, Tribunal de Derechos Humanos, Comisionado de Derechos Humanos de la Unión Europea), etc. Decíamos cosas como las que siguen:

“En estas circunstancias de una sociedad amordazada y temerosa, un grupo de ciudadanos vascos se agruparon en lo que dieron en llamar FORO ERMUA, con el objetivo de presentar públicamente una declaración que con el título de Manifiesto por la democracia en Euskadi fue firmada por todos ellos. Aquel texto fundacional decía lo que el miedo había impedido reconocer: calificaba como fascista al movimiento dirigido por ETA y su brazo político Herri Batasuna, y señalaba la responsabilidad de los representantes políticos e institucionales vascos en el deterioro de la democracia. La denuncia no se limitaba a señalar la inhibición de quienes deben velar por la libertad y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, sino que también advertía de "la colaboración de las instituciones que nos representan con quienes sustentan y alientan el fascismo". Manifestaba además su oposición a cualquier clase de negociación política con los terroristas. En aquel documento se decía que "los proyectos políticos deben validarse mediante el sufragio de los ciudadanos y debatirse en el Parlamento", que "una cesión al chantaje de las armas significaría la quiebra de la legitimidad democrática, y que sólo los argumentos y los votos son fuerzas persuasivas y decisorias" legítimas. Por último finalizaba con un llamamiento a la sociedad vasca a comprometerse "en la defensa de la democracia y del libre ejercicio de la palabra.".

Hoy, casi dos años después de aquel manifiesto, en el País Vasco la democracia continúa deteriorándose. En amplios sectores de la población existe miedo a ser víctimas de la represión que los terroristas ejercen sobre quienes disienten de los objetivos nacionalistas, y temor a ser discriminados por un poder político que, estando en manos de los partidos nacionalistas, margina a quienes no colaboran con su proyecto de construcción nacional vasca.
[…]La política cultural del Gobierno Vasco puede entenderse a la luz del principio que en 1995 un alto dirigente del Partido Nacionalista Vasco recordaba a sus seguidores: "primero hacer pueblo, luego la independencia". Los responsables de educación del Gobierno Vasco defienden abiertamente la idea de que la enseñanza debe cumplir la función de transmitir los "valores vascos". El vehículo más eficaz que emplean con ese objetivo es la enseñanza de la lengua vasca, pues el principio que rige en la concepción nacionalista de la transmisión del vascuence, no es el de ofrecer a los niños un patrimonio cultural que les sirva para su desarrollo personal como individuos libres, sino el de incorporarlos activamente a la recuperación de la identidad vasca.

Desde las instituciones vascas se practica una política cultural y educativa que prima exclusivamente a la cultura vasca frente a otros modelos que puedan ser libremente elegidos por los ciudadanos. Bajo la denominación de normalización lingüística se ha instaurado un régimen educativo tendente a transformar una realidad sociolingüística en la que el idioma español es la lengua mayoritaria. El estudio del vascuence es obligatorio para todos los niños, independientemente de cual sea su lengua materna, y de las lenguas modernas y clásicas que elijan para su curriculum. La educación pública en los grados básico y medio, que hace unos años se impartía en español, ha sido mayoritariamente sustituida por el vascuence. Para ello han debido improvisarse profesores capaces de expresarse en vascuence, y cientos de profesores con largos años de servicios han sido desplazados o se han visto obligados a emigrar a otras comunidades autónomas de España. El conocimiento de la lengua vasca, independientemente de su empleo real, se considera un mérito preferente para el acceso a puestos de trabajo públicos: funcionarios, policías, médicos, jueces, etc. Para evitar estas discriminaciones los padres buscan para sus hijos una enseñanza en lengua vasca, a pesar de que el idioma hablado por la familia sea el español. Las nefastas consecuencias pedagógicas de este sistema, que recaen precisamente sobre las clases sociales con menos recursos, son sistemáticamente despreciadas por los responsables de educación. El Gobierno Vasco es quien establece las directrices de esta política lingüística que cuenta con el apoyo activo de los grupos violentos que contribuyen a su implantación mediante formas diversas de acción directa: alteraciones del orden en la universidad, carteles en las calles calificando de analfabetos a los niños y jóvenes que estudian el bachillerato en español o amenazas a los jueces que no hablan vascuence. […]

No existe una causa objetiva que pueda explicar la existencia de violencia política en el País Vasco, pues no puede decirse que surja como consecuencia ni de una supuesta opresión nacional, ni del enfrentamiento de facciones rivales. Por el contrario, sí puede afirmarse que tiene causas ideológicas, que es el resultado de un débil asentamiento de la cultura democrática, minada por veinte años de hegemonía cultural e institucional del nacionalismo. El rechazo del terrorismo en el seno de la sociedad nacionalista, cuando se produce, no va acompañado de una condena moral de la violencia. A partir de la tregua de ETA la condena de los actos violentos desde medios nacionalistas no se hace desde principios éticos y democráticos, sino porque, según expresión acuñada, "perjudica el proceso de paz y sólo beneficia al Gobierno de Madrid". La Iglesia Católica Vasca, y en especial alguno de sus obispos, manifiestan a menudo su dolor por el sufrimiento de los presos condenados por terrorismo y olvidan sistemáticamente el sufrimiento de las víctimas y la asistencia a sus familias. Ayuntamientos de mayoría nacionalista han homenajeado a terroristas abatidos en enfrentamientos con la policía. En este ambiente de grave deterioro moral se puede entender que en un juicio celebrado en 1997, un jurado popular declarara inocente al acusado, un simpatizante de HB, convicto de un doble asesinato perpetrado a sangre fría en las personas de dos policías.

También desde los partidos nacionalistas que gobiernan en el País Vasco la condena de la violencia ha estado imbuida de ambigüedad y comprensión hacia sus ejecutores. Desde las propias instituciones vascas se presenta a los terroristas condenados por los tribunales como víctimas de un sistema penal que los mantiene alejados de sus familias. La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, de mayoría nacionalista, ha asumido como propia la reivindicación del acercamiento de todos los terroristas a las prisiones vascas. Esa misma Comisión ha desatendido permanentemente las demandas de los familiares de las víctimas del terrorismo a las que se les niega el reconocimiento público de su sufrimiento. Un diputado elegido por figurar en las listas del partido nacionalista radical Herri Batasuna, de quien se sabe que fue el jefe de ETA durante uno de sus períodos más sanguinarios, es miembro de esa Comisión de Derechos Humanos. Recientemente el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco ha denunciado ante la Dirección General de la Unión Europea, la solicitud en concepto de ayuda económica cursada por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco para elaborar un estudio sobre asistencia a los presos de ETA y a sus víctimas: un ejemplo de como nuestros representantes institucionales, asimilando los verdugos a las víctimas, intentan desviar la responsabilidad de la violencia hacia el Estado que coarta, según ellos, las justas aspiraciones del País Vasco a su soberanía. Más recientemente, este mismo colectivo que reúne a familiares de víctimas del terrorismo, sistemáticamente despreciado por las autoridades vascas, se ha visto obligado a demandar del Parlamento Europeo una condena explícita de los partidos que constituyen el Gobierno de la Comunidad Autónoma.” […[Etc.

No hay sitio en un artículo como éste para reflejar los once folios que nos llevó a denunciar la situación de los ciudadanos vascos en la Euskadi nacionalista a la Unión Europa. Después de aquello vino Gil Robles, el Comisario de Derechos Humanos de la U.E. e hizo un extenso informe que certificaba nuestra denuncia. El informe se ha debido extraviar porque de aquel documento no se han derivado decisiones prácticas o resolución política alguna en la U.E.

Sería paradógico que ahora las instancias comunitarias (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) dieran por válida la reclamación de una gente que ha gobernado Euskadi como si de su cortijo particular se tratara, olvidando que las sociedades estamos compuestas de personas con nuestras preocupaciones y anhelos, con nuestras aspiraciones de libertad, con nuestros valores de democracia y paz, y gestionando los intereses colectivos como si el territorio, los mitos, la lengua… fueran detentadoras de los derechos y no las personas que formamos la comunidad como parte de la soberanía nacional histórica que se llama España. Si eso sucediera, que no lo pienso ni de forma remota, llegaría a pensar que el mundo se ha vuelto loco o tonto de atar. Pero no creo que de eso se trate. Simplemente se busca un buen motivo para soliviantar a las masas nacionalistas y remover el voto de la estupidez melancólica.


http://www.vistazoalaprensa.com/firmas_art.asp?id=4805