La calidad de nuestras instituciones

viernes 5 septiembre de 2008
La calidad de nuestras instituciones

Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto JUAN ANTONIO SAGARDOY, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Viernes, 05-09-08
ESTAMOS ante una cuestión trascendental para España. Las instituciones son las reglas del juego de una sociedad. Son las que marcan tanto las restricciones como los impulsos en la interacción de los componentes de la sociedad, ya sean políticos como económicos y sociales. Sin instituciones adecuadas -flexibles, fuertes, limpias e independientes- la convivencia, la cohesión y la paz social se ven amenazadas seriamente, frenando así el desarrollo de las personas y de la propia sociedad. Además, y desde un punto de vista estrictamente económico, un marco institucional deficiente resulta letal para la competitividad. Con estas ideas se encabeza el estudio que ha realizado el Círculo de Empresarios sobre la calidad institucional en España y que también ha sido objeto de un profundo análisis por los profesores Sebastián, Serrano, Roca y Osés, en estudio patrocinado por la Fundación Areces. Que, por ejemplo, hayan sido dos instituciones, como las señaladas, las que se hayan preocupado del tema es ya una buena muestra de lo que debe ser una sociedad civil pujante.
Parece evidente que hemos ido, en los últimos diez años, perdiendo calidad institucional y así lo reflejan los distintos y prestigiosos Índices en el mundo que miden tal parámetro. Y ello está repercutiendo muy negativamente en nuestra competitividad. Yendo a los Índices, en el Doing Business de 2008, sobre Regulación favorable a la actividad empresarial, Singapur está en el puesto 1, EE.UU. en el 3, Reino Unido en el 6, Alemania en el 20 y nosotros en el 38, por debajo de países como Chile, Eslovaquia, Austria y Suráfrica. Este Índice valora la facilidad o dificultad para hacer negocios en un país, a base de variables como apertura de un negocio (tiempo y coste), contratos laborales (rigideces), protección de los inversores (seguridad jurídica, transparencia), cargas fiscales, cumplimiento de los contratos (tiempo y coste de los procedimientos contenciosos), cierre de empresas (tiempo y coste), etc. En nuestro caso tenemos notas pésimas en el mercado laboral, en la apertura de un negocio, en cargas fiscales y protección de inversores.
En el Índice de libertad económica del Fraser Institute se miden la participación del sector público en la economía, la estructura legal y seguridad de los derechos de propiedad, acceso a un dinero «sano», libertad para el comercio internacional y regulación del crédito, del trabajo y de los negocios. Pues bien, en el Informe de 2007, respecto a datos de 2005, tenemos una nota final de 7,1 sobre 10, lo que supone el puesto 44 de 141 países. Las peores notas las recibimos en regulación (inseguridad y poca independencia) y en la presencia del sector público en la economía (muy acusado en lo directo y en lo indirecto).
Pues bien, estos datos han de hacernos reflexionar y actuar para lograr que en nuestro juego social y económico imperen la transparencia, la eficiencia, la seguridad jurídica y la ausencia de presiones públicas asfixiantes. De ahí que las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno, para aliviar las cargas burocráticas de las empresas, sean algo muy deseable y que esperemos lleguen a buen puerto. Hay que tomar conciencia y dar la voz de alarma sobre un tema tan trascendente como éste y ponerse todos, no sólo el Gobierno, a la tarea de mejorar nuestra calidad institucional. En la regulación del sistema financiero y en el asentamiento de una cultura de estabilidad macro tenemos dos buenos ejemplos positivos de lo que hemos logrado. Sin embargo, en el resto de los campos debemos tener una conciencia clara de que no estamos en los estándares razonables y dinamizadores que se precisan sino más bien al contrario.
Uno de los temas que afectan muy seriamente a la calidad institucional es la progresiva fragmentación del mercado que se está produciendo por las distintas Comunidades Autónomas. Una cosa es descentralizar y otra fragmentar. Se está produciendo una especie de olimpiada basada en un afán diferenciador, poco racional y desde luego muy penalizador del crecimiento económico. Y en el terreno regulatorio y en el educativo es donde principalmente se está produciendo una ruptura de modelos claramente perjudicial. Por poner un par de ejemplos: me comentaba el presidente de una gran multinacional que desistieron de una fuerte inversión en España por las distintas regulaciones que sobre la cuestión coexistían en las Comunidades Autónomas, pues no les compensaba tener que fabricar el mismo producto con características distintas porque así lo exigía la normativa de las distintas comunidades. Y el segundo, referente a la lengua (dentro de la educación), el persistir en que cara al futuro sólo se hable la lengua vernácula, podrá traernos serios problemas. Y no digamos el impacto negativo que está teniendo en el dinamismo económico y en la eficiencia de las instituciones, crecimiento disparado del número de disposiciones legales que producen las autonomías. En pocos años se ha multiplicado por diez.
Pero donde existe una mayor necesidad de mejora es en dos campos: el regulatorio y el judicial. Como resalta el Informe del Círculo de Empresarios, la regulación de los mercados en España no alcanza la calidad exigible para el impulso de la eficiencia, la competencia y la atracción de inversores, fundamentalmente por su insuficiente independencia del poder político, por la descoordinación entre los organismos reguladores y por la falta de mecanismos adecuados para la rendición de cuentas. Ello lleva a que en un reciente Informe de la OCDE (2007), sobre calidad de las políticas y legislaciones en defensa de la competencia, España ocupe el puesto 21 entre los 30 países de la OCDE. Por ello, es necesario y urgente tomar medidas que mejoren el funcionamiento de los organismos reguladores. Entre ellas destacaría como primordial la necesaria y real independencia de los organismos reguladores de los poderes públicos y la profesionalización de los vocales que los integran, además de la rendición de cuentas y su necesaria coordinación, dentro de la necesaria unidad de mercado.
Respecto al sistema judicial, conviene resaltar, antes que nada, la enorme y sustancial trascendencia que un buen sistema judicial tiene para la fortaleza del Estado de Derecho y para la propia competitividad. No es momento y sería una frivolidad entrar en el tema en unas pocas líneas. Pero sí puede resumirse que los males de nuestra Justicia encontrarían buen remedio con, entre otras, cuatro medidas esenciales. La primera, la necesaria despolitización en el nombramiento de los jueces que pasa porque la composición de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial no dependan «solo y exclusivamente» de los partidos políticos. Y lo mismo se puede decir respecto del Tribunal Constitucional. En este órgano fundamental podría ser positivo -al modo de otros países- que para ser nombrado juez del mismo sean necesarios muchos años de experiencia y que el mandato fuera largo, unos quince años, para si es posible coincidir con la jubilación. Eso les haría a los jueces más independientes. La segunda, la dotación de medios humanos acorde con las exigencias de una justicia eficaz y rápida. La tercera, la aplicación de técnicas modernas de gestión con dotación abundante de medios tecnológicos. Y la cuarta, la formación continua de los jueces.
En definitiva, lograr una mejora sustancial de la calidad de nuestras instituciones es una tarea vital en la que nos jugamos mucho.
JUAN ANTONIO SAGARDOY
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

http://www.abc.es/20080905/opinion-tercera/calidad-nuestras-instituciones-20080905.html