Javier Tajadura Tejada, Fraude Constitucional

Fraude constitucional

22.09.2008 - JAVIER TAJADURA TEJADA PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV-EHU

JOSÉ IBARROLAL os acuerdos alcanzados entre el PP y el PSOE, a los que se han sumado las minorías nacionalistas catalana y vasca, van a permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Aparentemente podría tratarse de una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que el Consejo saliente había concluido su mandato legal hace ya casi dos años. Pero digo aparentemente porque, en realidad, el modo y la forma en que dicha renovación va a producirse supone un grave fraude constitucional.
El Consejo General del Poder Judicial desempeña funciones de indudable trascendencia constitucional. Entre ellas cabe destacar las de nombramiento, ascenso, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados. Del correcto desempeño de esas tareas dependerá que los mejores jueces y magistrados sean promovidos a los más altos tribunales, y que aquéllos que incurran en faltas sean convenientemente sancionados.
Para que el Consejo General del Poder Judicial llevase a cabo estas importantes funciones con total independencia, el constituyente de 1978 estableció la necesidad de que aquellos vocales designados por las Cortes (8 ó 20 en función de los distintos sistemas que se han sucedido en el tiempo) contasen con el apoyo de tres quintos de los diputados y de tres quintos de los senadores. De lo que se trataba era de elegir a juristas prestigiosos, de reconocida competencia e intachable trayectoria. Juristas que, en la medida en que fueran capaces de suscitar un consenso tal que, necesariamente, les hiciera contar con los votos de los dos principales partidos de ámbito nacional, no debían estar vinculados a ningún partido político en concreto. Dicho con otras palabras, el propósito del constituyente era que los vocales fueran independientes, designados en función de sus méritos profesionales, y ajenos, por completo, a cualquier afinidad partidista.
Sin embargo, los partidos políticos han instrumentalizado a su servicio la composición del Consejo, cumpliendo la letra de la Constitución, pero atentando, de forma manifiesta y grave, contra su espíritu. Ya en 1986 el Tribunal Constitucional advirtió del mal uso que podían hacer los partidos políticos del procedimiento de elección parlamentaria de los vocales del Consejo si «la dinámica partitocrática» incidía de forma perniciosa en su composición «mediante el reparto de vocales por el sistema de cuotas partidarias». En este sentido, declaró que el nombramiento de vocales según el criterio de cuotas partidistas es contrario a la Constitución (STC 108/1986). Sólo en la medida en que la designación parlamentaria obedece a un consenso real sobre el prestigio y la independencia del nombrado puede considerarse tal procedimiento conforme con la Constitución.
Los temores del Tribunal Constitucional se han confirmado. El sistema de cuotas ha pervertido la composición y el funcionamiento del Consejo casi desde su creación. Estos días hemos asistido a la escenificación del último reparto. Si bien es verdad que todos los vocales del nuevo Consejo tendrán el apoyo de tres quintos de los parlamentarios, dicho apoyo será meramente formal. Los partidos políticos, una vez más, se han 'repartido' los puestos a ocupar en función del denominado sistema de cuotas. En este caso se ha acordado que el PP tenga nueve vocales, que el PSOE tenga otros nueve, y que los dos restantes sean para el PNV y CIU. Durante dos años, la renovación del Consejo no fue posible porque el Partido Popular no estaba conforme con la cuota que los demás le asignaban (ocho vocales). Ahora, con nueve, el 'gran pacto' ha sido posible. Los artífices del fraude alegan que el Consejo se va a renovar de la misma forma en que lleva haciéndose desde hace 22 años. De una forma que sólo puede calificarse como 'fraude a la Constitución'. En los próximos días van a ser designados vocales, antiguos diputados, senadores, consejeros autonómicos o secretarios de Estado, esto es, todos ellos juristas de partido, dando lugar al Consejo menos independiente y más politizado de toda su triste historia.
n este lamentable contexto, y ante el manifiesto fracaso del actual modelo, algunas voces interesadas vuelven a reclamar la sustitución de la designación parlamentaria por la celebración de elecciones entre los propios jueces. Sin embargo, no debemos olvidar que cuando dicho sistema estuvo vigente, la politización del Consejo no fue menor. Y ello por la razón de que las principales asociaciones profesionales de jueces (APM y JPD) funcionan, de una u otra suerte, como apéndices de los partidos. Tampoco ésa es, por tanto, la solución. En realidad, se trata de un problema de diseño constitucional que reclama una reforma en profundidad de la institución.
Mientras tal reforma no tenga lugar, nada bueno cabe esperar de un Consejo tan politizado en clave partidista. Toda su política de nombramientos para los órganos jurisdiccionales superiores se interpretará en esa clave. Cierto es que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados españoles son independientes y cumplen satisfactoriamente sus funciones jurisdiccionales. La Justicia, en España, a pesar del CGPJ, es independiente. Sin embargo, la politización del Consejo amenaza con contaminar la de la propia magistratura en la medida en que se ha convertido ya en un lugar común en los medios de comunicación calificar a los juristas, y entre ellos a jueces y magistrados, de 'conservadores' y 'progresistas'. El hecho de que tan arbitraria clasificación carezca la mayor parte de las veces de cualquier fundamento real no impide que en la opinión pública se vaya gestando un sentimiento de desconfianza hacia un pilar fundamental del Estado constitucional de Derecho: la independencia judicial.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20080922/opinion/fraude-constitucional-20080922.html