Ignacio Suarez Zuloaga, Al margen de la ley

Al margen de la Ley
19.09.2008 - IGNACIO SUÁREZ-ZULOAGA

JESÚS FERREROE uskadi es el territorio de Europa Occidental en el que el Estado de Derecho y el principio de autoridad son más débiles. En ninguna parte como aquí puede observarse cómo el fenómeno de la inobservancia de algunas normas jurídicas no sólo es consentido de forma bastante generalizada, sino que incluso es liderado por las propias autoridades; una tendencia que ya se ha convertido en una asentada tradición (más de dos siglos) que ha ido calando profundamente en el subconsciente colectivo, hasta configurarse como un hábito generalizado y cotidiano.
En todo Occidente, ni siquiera en territorios asolados por la corrupción y la delincuencia organizada -como las islas de Córcega y Sicilia y la Calabria italiana- es posible encontrar un Estado de Derecho más débil que en el País Vasco español. Desde que se instauró la democracia, las autoridades locales y autonómicas han venido incumpliendo sistemáticamente todas las normativas que no gozaban de la aprobación del líder de turno; sea éste un alcalde o incluso el propio lehendakari.
Entre la larga lista de incumplimientos, los más notorios (y exitosos desde la perspectiva del infractor) fueron la normativa sobre reclutamiento de quintos y la ley de banderas. No es extraño que semejante resultado animara a seguir ampliando la apuesta a las normas provenientes de los poderes localizados en Madrid: especialmente las medidas dirigidas contra la presencia parlamentaria, propaganda, actos electorales y financiación del MLNV. Asimismo, cuando el origen del desagrado era una resolución judicial, las propias autoridades autonómicas y locales -así como los partidos que las sustentan- han sido las que han organizado e implantado protestas ciudadanas para amedrentar a quienes tienen asignada la responsabilidad de impartir justicia.
La tradición vasca -especialmente intensa en las provincias costeras- es tan antigua como el pulso entre el Gobierno de Madrid y las diputaciones forales. Las revueltas conocidas como matxinadas consiguieron amedrentar lo suficiente a las autoridades forales durante los siglos XVII y XVIII; por lo que a partir de la llamada 'zamacolada' (la revuelta surgida en algunas anteiglesias próximas a Bilbao en 1804) las autoridades locales pasan a ser las que lideran el desafío al poder central. La acusación de que los diputados generales y los junteros no defendían lo suficiente los derechos forales ante las autoridades de la Corte -parcialmente cierta- acabó por asumirse por una parte importante de las elites vascas, que pasaron a aplicar más o menos sistemáticamente el llamado principio del 'se obedece pero no se cumple'. Esta obstaculización en la aplicación de las medidas consideradas 'contra fuero' se repitió una y otra vez en las disposiciones relacionadas con la desamortización de propiedades comunales y en otros campos conflictivos como el de la educación, el reclutamiento de quintos y la tributación.
Un cambio de actitud que consiguió un creciente acercamiento entre las autoridades forales y los líderes de los grupos populares más propensos a adoptar la fuerza como medio de resolución de conflictos. Así, una mayoría de las autoridades forales participan en los levantamientos del carlismo; movimiento que, a lo largo del siglo XIX, va cambiando el énfasis reivindicativo desde la cuestión dinástica a la foral, con especial incidencia en los derechos colectivos de la población rural (que era su principal sostén).
La deseable identificación entre gobernantes y gobernados y el importante cometido de velar por la aplicación de la normativa foral (conservada en buena parte por la presión de esas masas populares) tuvo unos efectos secundarios que seguimos padeciendo hoy mismo: el menosprecio de la ley y la autoridad entre los vascos. Porque el ejemplo del desafío a las normas 'de Madrid' se ha extendido al conjunto de la población, que confía más en su propia capacidad de presión -a menudo mediante la fuerza- que en la confianza en la justicia impartida por los órganos jurisdiccionales.
in ir más lejos, este mes de agosto, quien esto escribe ha podido observar hechos como los siguientes: un ciudadano abroncando agresivamente a un policía municipal mientras éste se disculpaba tímidamente por tener que imponerle una multa, un manifestante desafiando e insultando a un antidisturbios a pocos centímetros de su cara (enmascarada, no vaya a ser que lo reconozca luego y le atice) mientras el ertzaina trataba de mirar para otro lado, personas paseando por un jardín particular y retando a su propietario para que intentara echarles de allí, entre otras. Frecuentes son las noticias de disturbios que se saldan sin detenciones y la consiguiente impotencia de las fuerzas de seguridad. Como me comentó en una ocasión un agente de la Ertzaintza al presentar yo una denuncia: «Comprendo que lo haga, pero esto no le va a servir para nada».
La lucha de poderes entre Vitoria y Madrid ha tenido un efecto colateral: el debilitamiento de la seguridad jurídica percibida en la calle. Desconozco las estadísticas comparativas entre la litigiosidad y el grado de cumplimiento de sentencias de Euskadi respecto de las del resto del Estado, pero la percepción que aquí escribo es generalizada en lo que se refiere al derecho administrativo.
La debilidad de la autoridad, propiciada por las propias autoridades locales y autonómicas, se está volviendo contra éstas. Porque el incumplimiento de las leyes ha sido uno de los principales factores que han permitido que el movimiento antisistema vasco haya resistido a toda clase de coyunturas, convirtiéndose en uno de los más influyentes del mundo. Así, con la ayuda de muchas de las autoridades locales y autonómicas, el MLNV ha conseguido que el desafío a la autoridad y a la ley se hayan convertido en un elemento central del hecho diferencial vasco, en una parte de la personalidad colectiva de este pueblo.
I. Suárez-Zuloaga es autor de 'Vascos contra vascos' (Planeta, 2007)

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20080919/opinion/margen-20080919.html