viernes, septiembre 26, 2008

German Yanke, Una justicia politizada

Una justicia politizada

GERMÁN YANKE

Viernes, 26-09-08
Si la Justicia fue una de las más graves asignaturas pendientes de la anterior legislatura (porque su eficiencia e independencia son fundamentales para todo, incluida la lucha contra el terrorismo), esta, a pesar del disfraz, no ha podido comenzar peor. El símbolo de la Justicia como una mujer con los ojos vendados, como muestra de imparcialidad, y portando en sus manos una balanza y una espada es entre nosotros una chanza. La politización causada por un sistema pervertido hizo que durante esos cuatro años quienes gobernaban a los jueces en el CGPJ estuvieran con los ojos bien abiertos, mirando a los adversarios ideológicos con la espada preparada y a los propios, a los que les llevaron allí, de reojo y, claro, sin necesidad de balanza alguna. También la espada, en algunas representaciones como las de Giotto, simboliza la injusticia.
La broma se ha disfrazado ahora de consenso y los partidos políticos, sonrientes y encantados unos con otros, se reparten las cuotas en el Consejo. Las sonrisas facilitan que cada cual pierda el pudor y los consejeros sean cada vez más próximos y dependientes de los partidos, algunos incluso conocidos dirigentes de los mismos. ¿Qué importa ya si estamos de acuerdo, si el adversario hace lo mismo, si se ha aceptado que el Gobierno de los jueces depende directamente del sistema partitocrático, si no hay que tener en cuenta ni la proporción de afiliados a las asociaciones judiciales ni a los muchos que no están afiliados a ninguna? Cuando se deja reposar la espada se hacen juegos malabares con la balanza... De la venda de la imparcialidad no queda nada.
Lo que ha quedado en símbolo de la Justicia es que los consejeros, en su primera reunión, asienten obedientes y dicen que sí al requerimiento del poder, aunque el poder en este caso haya pactado con la oposición. Dicen que sí a los políticos y nombran por unanimidad al presidente propuesto, por muy valioso y educado que sea Carlos Dívar. Se especuló con que alguno, consciente tanto de cómo había llegado al cargo como de las exigencias de apariencia del mismo, podría rebelarse pero nadie debió encontrar la venda a mano.
Son tales la politización y el cambalache, que la designación de Dívar se ha interpretado como un primer movimiento en el tablero para ser «compensado» a la izquierda con el del futuro presidente del Constitucional. Tampoco se opondría nadie, sobre todo tras el espectáculo que está dando el PP en la elección de candidatos para este tribunal. Un espectáculo, en primer lugar, formal porque Mariano Rajoy, que hace a menudo adecuados llamamientos al sentido común y a la inteligencia, no puede pensar que nadie vaya a creerse que «ahora mucha gente ha presentado a dos» en las cámaras regionales cuando es evidente que Francisco José Hernando y Enrique López son los candidatos oficiales y concertados del PP. Un espectáculo, asimismo, desde el punto de vista del procedimiento porque para sostener a esos «buenos candidatos» se alude a un supuesto acuerdo con el PSOE para que no hubiera vetos, lo que ya es más que suficiente muestra de la perversión del sistema de cuotas a favor de convertir tribunales y órganos de gobierno en pequeños y dominados parlamentos en los que no se dirime el cumplimiento de la ley sino el que se batalla desde las posiciones de los partidos.
Aquí no está en juego la preparación jurídica de esos candidatos ni tampoco vale que, de tapadillo, se diga que los del PSOE son tan del PSOE como estos coincidentes con el PP, al menos con el PP de la anterior legislatura. Si es así, habría que reconocer que los socialistas lo han hecho con mayor habilidad. Hernando y López, al margen sus cualidades como juristas o magistrados, han estado metidos en la refriega política, opinando desde un punto de vista ideológico en todas las cuestiones del debate nacional. Su empeño en estar presentes en la discusión de todo ello ha estado, como se ha visto, por encima de la obligación de gobernar a los jueces y vigilar su eficacia y comportamiento. Del segundo se ha dicho, en mentideros del PP, que si no es magistrado del Constitucional podría tener un alto cargo en una de las Comunidades autónomas que le ha propuesto.
Quería modificar la elección de miembros del CGPJ y se aviene al apaño. Quería asegurar la neutralidad política del TC y parece que sólo hay dos juristas guerreros (o guerreros juristas) en el entorno del PP. Vaya cambio.

http://www.abc.es/20080926/opinion-firmas/justicia-politizada-20080926.html

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