German Yanke, Un Consejo dependiente de la politica

martes 9 de septiembre de 2008
Un Consejo dependiente de la política

Germán Yanke
Estamos ante lo elemental: habrá un Consejo General del Poder Judicial, pactado con dos años de retraso, que responda a las exigencias legales. Nada más, aunque haya que felicitarse de que el despropósito formal haya terminado. Incluso puede que el pacto alcanzado evite otro daño colateral: el papel del Consejo como una suerte de parlamento reducido en número pero ampliado en cuanto a la discusión política. Así ha sido en esta última etapa, más alejado del debate jurídico que de la pelea entre partidos por personas interpuestas, distraído de su función de gobierno de los jueces, como muchos escándalos han puesto de manifiesto, plegado a consideraciones políticas, a veces sobre el futuro de algunos de los propios consejeros, dependiente del poder o de la oposición. Por todo ello, bienvenido sea el nuevo Consejo, incluso lo que algunos han llamado “perfil bajo” de la mayoría de los nuevos consejeros que, en la jerga al uso, significa que no tienen un acentuado perfil político. El PNV, sin embargo, sigue cambiando cromos y el diputado que queda fuera de la Cámara (antes fue Emilio Olabarría, ahora Margarita Uría) entra en el Consejo. Y hasta viene bien esta patente caradura, porque revela a las claras la politización del gobierno de los jueces: o los nombran directamente los partidos o eligen, de entre los propuestos por las asociaciones profesionales, los que les convienen. Y entre ellos, los partidos, se reparten las cuotas.
Sin embargo, queda lo principal, que requiere consensos más serios y decisiones más firmes que los que han costado dos años y tantos sinsabores. Lo que queda es arbitrar un sistema de elección de los consejeros que responda a la independencia y profesionalidad de la Justicia y no a los intereses partidistas. La cuestión mollar del poder judicial no es si entran en el reparto algunos partidos nacionalistas (como CiU y el PNV en este caso), sino si somos capaces de desligar el Consejo y sus funciones rectoras de los partidos, nacionalistas o no. Desde 1985, la modificación del sistema de elección coloca en manos de las Cortes (Congreso y Senado) la totalidad de sus componentes sin que, en la práctica, el Consejo responda a la representatividad de las asociaciones ni a un adecuado reparto entre jueces y magistrados. Una doble trampa el famoso sistema porque tampoco se trata de elegir por consenso en las dos Cámaras consejeros que, al precisar el voto de unos y otros, respondan al criterio de neutralidad e independencia, sino que se convierte en un mero reparto de cuotas en función de la representación parlamentaria o de los acuerdos que los grandes grupos políticos se vean forzados a tomar.

El Tribunal Constitucional, sin rechazar la reforma por no ajustada a la ley, sí hizo notar que la modificación suponía un peligro de politización, una evidencia que se ha hecho patente y hasta exagerada. El PP aseguró querer, al menos, volver al sistema anterior, que a los magistrados del Constitucional parecía mejor, pero decidió después apostar por el Pacto por la Justicia que, con escasa estabilidad como se ha visto, dio carta de naturaleza al reparto político del Consejo. Si ahora no está el horno para bollos, si no podemos ni debatir abierta y serenamente esta cuestión (cuando, al parecer, es bueno hacerlo sobre el aborto, la eutanasia y el derecho de autodeterminación) es, sencillamente, porque la independencia de la Justicia no está entre los valores que sostienen los partidos políticos actuales. Allá quien quiera felicitarse por nuestra “madurez”…


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