Zapatero debe hacer cumplir la ley

viernes 3 de agosto de 2007
Zapatero debe hacer cumplir la ley
EN un Estado de Derecho, el cumplimiento de las sentencias judiciales es un deber inexcusable para los ciudadanos y para los poderes públicos. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de que la bandera de España esté presente en la sede de la Policía Autonómica vasca en Arcaute (Álava) contiene un mandato claro y preciso que no puede ser eludido por sus destinatarios. Es intolerable, por tanto, que el Ejecutivo de Vitoria mire para otro lado y no esté dispuesto a especificar cuándo se izará la enseña nacional en la Academia de la Ertzaintza. Sin embargo, los nacionalistas no parecen preocupados por las consecuencias de su desobediencia y cuentan, una vez más, con la actitud complaciente de Rodríguez Zapatero, que prefiere dejar las cosas como están en un flagrante incumplimiento de su obligación de hacer cumplir la ley. Calificar la sentencia de sorprendente, inoportuna o extemporánea, como se ha dicho estos días, es la mejor prueba de que el oportunismo político predomina sobre la ineludible exigencia de que los poderes públicos sometan su actividad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. No es una cuestión puramente formal, ni mucho menos una anécdota menor, como algunos pretenden para pasar el mal trago cuanto antes. La bandera de España es símbolo de unidad nacional y su presencia expresa que las autoridades autonómicas deben su condición a una norma constitucional cuyo fundamento es la soberanía nacional, que pertenece al pueblo español.
Estamos en presencia, ni más ni menos, de la piedra angular de nuestro sistema político, que choca con la pretensión inaceptable de que el País Vasco o cualquier otra comunidad autónoma sean titulares de un poder propio y originario. De ahí a la proclama en favor de la autodeterminación hay apenas un pequeño paso que algunos se muestran muy dispuestos a dar en cualquier momento. El nacionalismo vasco reitera así una desobediencia mil veces repetida. Tampoco es nueva la postura pasiva y abstencionista del Gobierno. Sin embargo, la opinión pública tiene muy claro que el aparente giro del PSOE hacia posiciones de firmeza constitucional, una vez fracasado el «proceso» vasco, se pone a prueba en cuestiones como ésta. Ibarretxe tiene que cumplir de inmediato la sentencia si no quiere incurrir en una grave responsabilidad jurídica y política. A su vez, Zapatero está obligado a exigir que la razonable decisión jurisdiccional se transforme en una realidad efectiva. No sirve buscar pretextos legales ni oponer trabas burocráticas ante la contundencia del fallo emitido por el Supremo