jueves, agosto 09, 2007

Violencia domestica, el drama que no cesa

jueves 9 de agosto de 2007
Violencia doméstica, el drama no cesa
TENERIFE se disponía ayer a dar el último adiós a una mujer de 56 años asesinada por su pareja, y en Madrid una niña de apenas año y medio se debatía entre la vida y la muerte tras haberle disparado su padre en la cabeza. Son nuevos casos de un drama casi diario que ni cesa a efectos estadísticos ni reduce su lastimosa intensidad. A estas alturas del año son prácticamente cincuenta las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, lo que lamentablemente no sólo no demuestra una tendencia a la baja en los casos más brutales de violencia doméstica, sino que acredita una escalada a la que ni el poder legislativo, ni el ejecutivo ni el judicial son capaces de poner coto. Es cierto que aumenta el número de denuncias y de sentencias e, incluso, que las formas de maltrato más habituales y menos graves tienden a contenerse. Pero también lo es que la cifra de homicidios no decrece.
Tal y como está formulada por los poderes públicos, la estrategia para aplacar esta lacra social no responde satisfactoriamente. Son demasiados los casos en los que fallan eslabones relevantes de los protocolos de actuación. Las medidas de seguridad que los jueces ordenan para proteger a muchas mujeres amenazadas son claramente insuficientes, y la cicatera dedicación de recursos humanos y materiales en el ámbito policial y de seguridad no cumple ni de lejos con las expectativas que tan alegremente generó el Gobierno socialista con su «ley integral» contra la violencia hacia la mujer. Son imprescindibles un esfuerzo inversor mucho más generoso y una sólida coordinación entre el Gobierno y los demás poderes, algo que no siempre se produce. Tampoco la legislación surte los efectos deseados: ni disuade a los maltratadores, ni protege a las víctimas, ni contribuye a educar en valores a los más jóvenes, ya que también aumenta sin aparente control el número de menores capaces de agredir o amenazar a sus padres. Asimismo, es evidente que el endurecimiento de las sanciones penales, el mayor castigo de la reincidencia o figuras jurídicas como la orden de alejamiento siguen sin hacer mella en los agresores. Y el peligro crece aún más cuando una sociedad, aunque sea de modo inconsciente, anestesia su capacidad de alarmarse y se acostumbra a episodios tan deplorables.
No es un problema fácil de resolver, sobre todo cuando en España aumentan los casos de violencia doméstica protagonizados por personas originarias de otros países en los que el trato institucional, social o cultural que recibe la mujer deja mucho que desear. Pero no siendo fácil, tampoco se le debe hacer frente con palabrería. El Gobierno se ufanó en aprobar una reforma innovadora y modélica -pese a que aún no goza del sello de plena constitucionalidad-, pero se contentó sólo con plasmarla en el BOE. No le concedió la dotación imprescindible para una puesta en práctica mínimamente eficaz. Ahora, tres años después, el Gobierno está obligado a meditar seriamente sobre las causas de su fracaso. Consolarse con el argumento de que hay países de nuestro entorno con una cifra muy superior de mujeres asesinadas es una excusa demasiado pobre. También era así hace cuatro años y el PSOE no ahorró alharacas para promover una ley que, a la hora de la verdad, nos mantiene en el mismo punto de partida, sin avanzar.

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