lunes, agosto 20, 2007

Tension soberanista

Tensión soberanista
21.08.2007 -

La sucesión de declaraciones efectuadas en los últimos días por el lehendakari Ibarretxe, los dos socios menores de su Gobierno y dirigentes del PNV como Egibar profundizan en la renovada disposición del tripartito vasco y un relevante sector del nacionalismo institucional a hacer prevalecer su discurso más soberanista, enfrentando con ello una pretendida legitimidad política a la legalidad constitucional. Sólo así cabe interpretar las reiteradas aseveraciones del jefe del Gobierno de Vitoria de que el futuro de Euskadi «nunca se va a decidir en Madrid»; o las manifestaciones realizadas ayer por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, quien en un reprobable ejercicio de la responsabilidad de su cargo instó a no eludir «la confrontación con el nacionalismo español» y defender «sin complejos» la independencia. Las palabras de ambos, pero en especial las de Juan José Ibarretxe, aluden de nuevo a la preeminencia de una supuesta voluntad autodeterminista del pueblo vasco sobre los procedimientos legales establecidos, lo que implica soslayar interesadamente el significado esencial del pacto estatutario. Que no es otro que el doble acuerdo de convivencia entre vascos y con el Estado.La legitimidad de cualquier reforma del marco institucional y político de Euskadi requiere del respeto previo a las reglas del juego delimitadas por las previsiones del Estatuto de Gernika y de la Constitución, y de la asunción de que cualquier modificación de calado debe partir de un consenso tan amplio que refleje la consustancial pluralidad de la sociedad vasca. El propio Ibarretxe no pudo sobrepasar los límites de esa legalidad con su fallido plan de libre adhesión a España, aprobado gracias a los votos prestados de la proscrita Batasuna y rechazado abrumadoramente en el Congreso. El empecinamiento en una estrategia que ahondó las divisiones en la sociedad vasca y condujo a un inédito enfrentamiento con el Estado está reavivando ahora las apelaciones a la necesidad de celebrar una consulta popular, cuya irrelevancia jurídica no impediría que se abriera un abismo entre nacionalistas y no nacionalistas y un impredecible foco de tensión con el Estado. Tratar de presentar esa eventual convocatoria como un bien en sí mismo, para 'desbloquear' la situación política o intentar persuadir a ETA de que desista de la violencia, constituye una actitud tramposa que elude precisar ante la ciudadanía los riesgos que conllevaría su impulso y que obvia la presión intolerable que aún ejercen los terroristas. Es probable que el objetivo táctico de este planteamiento sea recobrar protagonismo para el tripartito y escorar hacia el soberanismo el debate interno en el seno del PNV. Pero está introduciendo de nuevo un pernicioso factor de inestabilidad y distorsión en la convivencia política, cuyos efectos trascienden las tensiones internas en el nacionalismo institucional para proyectarse al conjunto de la ciudadanía.

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