Sin responsabilidades

Sin responsabilidades
15.08.2007 -

La comparecencia extraordinaria en el Congreso de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, cerró ayer el rosario de explicaciones sobre la crisis en el funcionamiento de servicios públicos e infraestructuras en Cataluña. La sesión celebrada la víspera en el Legislativo catalán constató la obsolescencia de bienes tan imprescindibles como la red eléctrica, pero verificó, sobre todo, la censurable renuencia de instituciones, partidos y entidades concernidas -Endesa y Red Eléctrica- a asumir culpas en las consecuencias de una avería que dejó sin luz a 350.000 ciudadanos. Una reticencia a revisar la idoneidad y eficacia de las propias actuaciones que ayer resultó igualmente visible en la Cámara baja, donde el único acuerdo fue la exigencia de dimisión de la ministra, compartida por PP, CiU y los dos socios -ERC e ICV- del tripartito catalán. Álvarez rebatió las acusaciones asegurando que el Estado ya invierte en Cataluña el 18,8% del total consensuado en el nuevo Estatuto y advirtió de que sólo abandonará si así se lo pide el presidente. Es obvio que la decisión compete a Rodríguez Zapatero, pero también que la titular de Fomento no puede escudarse en ello para intentar eludir el escrutinio de los partidos y la opinión pública.La ministra limitó su autocrítica a errores en la planificación de las obras del AVE y pidió disculpas a una ciudadanía comprensiblemente hastiada e indignada. A ese malestar contribuyó la reiterada incapacidad de Álvarez para conferir empatía a su gestión y evitar una retórica, en ocasiones, innecesariamente agresiva. Pero la imputación de responsabilidades a la ministra, obligada a afrontarlas antes que nadie en virtud de su cargo, no exime de las que incumben a quienes pactaron cómo desarrollar algunos de los servicios públicos en el pasado -CiU y PP- y también a aquéllos -el tripartito catalán- cuya competencia está sometida a examen. Es muy dudoso que los dos debates celebrados hayan favorecido la comprensión social de lo que está ocurriendo, ayudando a serenar a los afectados. Lo que sí han evidenciado es una reprochable voluntad de patrimonialización por parte de los partidos de unas infraestructuras que precisan del consenso para vertebrar cada autonomía y al Estado en su conjunto.