Ramon Villota Coullaut, Minimizar los daños

miercoles 29 de agostod de 2007
Ilegalización de ANV
Minimizar los daños
Si esta relación era ya evidente antes del atentado de Durango, con la negativa de ANV a condenar ese acto terrorista ya no puede quedar duda al Gobierno de la conexión entre Batasuna-ETA y Acción Nacionalista Vasca.
Ramón Villota Coullaut

Como ya escribiera en esta columna, fue una vergüenza que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado actuaran en contra de ANV, la nueva marca de Batasuna, antes de las elecciones municipales. Además de que esa inactividad no ha desembocado en nada bueno en relación a la negociación con ETA, un resultado que a todo el mundo le parecía evidente menas al Gobierno, el daño electoral ya está hecho. Pero por lo menos, ya que respecto a los concejales o alcaldes electos no se puede hacer nada, al menos se puede ilegalizar ANV, algo que puede conseguirse a partir de la sentencia que puso fuera de la ley a Batasuna.
La Ley Orgánica de Partidos Políticos, en su artículo 12, recoge que atendiendo a "la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de su estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes enel proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución". Ese mismo artículo, después, añade: "Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto."
Así, si bien el mal electoral ya está hecho, por lo menos la rectificación del Gobierno, solicitada desde distintos sectores, puede evitar que Batasuna sigua teniendo una marca con la cual defender políticamente el terrorismo. Se haría así el trabajo al que se renunció antes de las elecciones de mayo, cuando se sustituyó la ilegalización del partido por la de centenares de listas electorales de ANV, permitiendo que muchas otras se presentaran y obtuvieran representación.
Cuando el artículo 12 de la ley de partidos recoge como prueba de la identidad entre dos formaciones políticas las personas que integran una y otra y su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, no parece que haya mucho margen de duda. Y si esta relación era ya evidente antes del atentado de Durango, con la negativa de ANV a condenar ese acto terrorista ya no puede quedar duda al Gobierno de la conexión entre Batasuna-ETA y Acción Nacionalista Vasca.
Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.

Ilegalización del PCTV
Fraude de ley
El éxito de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que impidió a Batasuna y sus sucesoras participar en las elecciones mientras gobernó el PP, se rompe debido a que el PSOE, que estando en la oposición apoyó la citada ley, no desea que se siga aplicando.
Ramón Villota Coullaut

Si al final el Gobierno no promueve la ilegalización del PCTV, es decir, si deja de aplicar de facto uno de los apartados fundamentales de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, ETA-Batasuna estará nuevamente representada en las diputaciones vascas, en el Parlamento Foral navarro y en los municipios tanto de la comunidad foral navarra como de la vasca, sea con una denominación o con otra. Y los caminos alternativos que podrían recorrerse para evitar esta falta de interés en que se aplique la ley de partidos son muy escasos, ya que es el Gobierno quien debe instar a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado a que inicie el procedimiento de disolución ante el Tribunal Supremo.
Si esto no ocurre, la única vía que queda es que el Congreso o el Senado –y en este último la mayoría popular es insuficiente, por escaso margen– inste al Gobierno a que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado éste a formalizar la correspondiente solicitud, previa deliberación del Consejo de Ministros. Pero la aplicación de ese artículo, el 11.2 de la citada Ley Orgánica, vuelve a estar en manos del Gobierno, que sería el que decidiría qué documentos acreditativos del carácter ilegal del PCTV acompañarían a la solicitud.
En definitiva, lo previsible es que no se utilicen los resortes legales que tiene nuestro ordenamiento jurídico para evitar que partidos políticos que no respetan el juego democrático puedan presentarse a las elecciones. No hay más que ver el ejemplo de la vergonzosa actuación de la Fiscalía hace unas semanas, cuando obligó a la Audiencia Nacional a absolver a Arnaldo Otegi de un delito de enaltecimiento del terrorismo por dejar de acusarle en el juicio oral, modificando las conclusiones finales después de la celebración del juicio oral.
El éxito de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que impidió a Batasuna y sus sucesoras participar en las elecciones mientras gobernó el PP, se rompe debido a que el PSOE, que estando en la oposición apoyó la citada ley, no desea que se siga aplicando. Ninguna novedad; tampoco quiso hacerlo cuando se celebraron las elecciones vascas en el 2005.
Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.