Pena de muerte

Pena de muerte
27.08.2007 -

John Ray Conner se convirtió el pasado miércoles en la víctima número 400 en Texas desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos, en 1976. El mismo día fueron ejecutados en Japón tres ladrones y homicidas en la horca y, una jornada después, en el estado norteamericano de Alabama, un hombre recibió la inyección letal mientras aseguraba no haber cometido el crimen del que se le acusaba. Si a estos hechos sumamos las diarias ejecuciones en China o Irán es incuestionable que la práctica de la pena de muerte está en pleno apogeo independientemente del régimen de los países donde se aplica, ante la indiferencia cada vez mayor no sólo de sus sociedades respectivas sino de la opinión internacional. Sólo el Consejo de Europa ha alzado la voz para recordar que la condena capital es degradante e incompatible con una visión humanista del Derecho y de la sociedad. Desgraciadamente, en lugar de avanzar hacia una mayor sensibilización con la injusticia que supone la pena de muerte, Amnistía Internacional maneja estadísticas, según las cuales, por ejemplo, el 80% de los japoneses está a favor de las ejecuciones y en varios estados de EE UU vaciar el corredor de la muerte forma parte del programa electoral de algunos candidatos. El gobernador de Texas hizo caso omiso de una petición de la presidencia de la UE en favor de una moratoria para el último ajusticiado; la solicitud recordaba que es una pena irreversible que impide enmendar errores judiciales. Por el contrario, Washington impulsa una reforma legislativa que simplificaría las apelaciones para facilitar la ejecución de condenas a muerte, mostrando así lo contradictorio de que países con alto grado de desarrollo político y cultural mantengan este residuo de viejas prácticas que chocan con la idea misma de civilización.