Otro año perdido con el Estatuto

viernes 10 de agosto de 2007
Otro año perdido con el Estatuto
LA discusión sobre el Estatuto catalán concentró todos los esfuerzos de la legislatura anterior en el Parlamento autonómico y absorbió buena parte del debate político a escala nacional. Las maniobras de Zapatero, incluido el sorprendente pacto con Artur Mas, dejaron a Pasqual Maragall en fuera de juego y permitieron aprobar un texto legislativo que estaba a punto de hundirse. El presidente del Gobierno utilizó la reforma para poner en marcha un modelo territorial que altera los fundamentos jurídicos y políticos del sistema vigente. Pasado el tiempo -se cumple ahora un año de su entrada en vigor-,parece que el Estatuto no era la panacea de todos los males porque ni los nacionalistas radicales han renunciado a su discurso victimista, ni se ha resuelto el problema imaginario del «encaje» de Cataluña en el conjunto de España. Y lo que es peor, los ciudadanos no han percibido ninguna mejora en la gestión de los asuntos públicos. Muy al contrario, la sociedad catalana es consciente de que la pérdida de tiempo sobre el reparto de competencias y problemas de identidad era un simple pretexto para la lucha por el poder. Definir a Cataluña como nación, aunque sea de forma indirecta y en el preámbulo de la norma, podía ser útil para los intereses de la clase política, pero no importaba ni importa a la gran mayoría de los ciudadanos.
En espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, el Estatuto ha entrado en una especie de letargo. Más de noventa leyes autonómicas siguen pendientes y sólo se han puesto en marcha -parece que sin prisa- algunas regulaciones tan discutibles como la creación de una Agencia Tributaria propia o de un Tribunal de Garantías estatutarias. Tampoco se acuerda nadie de la modificación pendiente de muchas leyes orgánicas, entre ellas la del Poder Judicial. La incertidumbre que provoca esta falta de seguridad jurídica ha sido denunciada por muchos sectores sociales y empresariales, así como por juristas muy relevantes. Pero los partidos políticos están pendientes de las próximas elecciones y en este momento Zapatero no tiene ningún interés por hacer guiños hacia los nacionalistas porque sabe que esta actitud puede tener un coste en las urnas. Por su parte, José Montilla bastante hace con mantener los equilibrios internos de un gobierno que resulta incapaz de ofrecer ni un solo proyecto atractivo, por no hablar de la gestión lamentable en muchos ámbitos del Ejecutivo catalán y del pésimo funcionamiento de los servicios públicos en aquella comunidad autónoma. A la vista del nulo respeto que unos y otros han mostrado por la Constitución, es absurdo pensar que se trata de una espera prudente hasta que el TC dicte sentencia. La única explicación de esta pasividad general es que el Estatuto no era necesario y que no aporta nada a la solución de las cuestiones que interesan de verdad a la gente.
Zapatero se comprometió personalmente en que saliera adelante una norma que choca con la Constitución en aspectos esenciales: la definición nacional de Cataluña, el sistema privilegiado de financiación o la bilateralidad en las relaciones con el Estado son aspectos incompatibles con los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad. El Estatuto apunta hacia una soberanía más o menos compartida que el PSOE alentó en su día con una grave falta de responsabilidad. Con este estatuto en vigor, Cataluña no ha ganado nada y la España constitucional en su conjunto sufre las consecuencias de una aventura oportunista que no conduce a ningún sitio. Es de esperar que -más pronto que tarde- el TC ponga rigor en el complejo enfoque jurídico de la cuestión. En el plano político la desidia general sobre el desarrollo estatutario es buena prueba del fracaso sin paliativos de los dirigentes que lo impulsaron.