Miguel Angel Loma, La Ley, la bandera y la EpC

jueves 16 de agosto de 2007
La ley, la bandera y la EpC
Miguel Ángel Loma
E L artículo 42 de la Constitución dice que «Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Éstas se utilizarán junto a la bandera de España en los edificios públicos y en sus actos oficiales». El anterior mandato constitucional es tan claro que hasta una víctima de la LOGSE sabría interpretarlo. Pese a ello, el Gobierno no hace cumplir la norma constitucional en comunidades como la vasca (al igual que sucede con otras leyes), porque no conviene llevarse mal con partidos que pueden ser tus aliados. Sobre la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía nada dice la Constitución, como tampoco sobre los principios que inspiran gran parte de sus doctrinarios contenidos: la ideología de género y el relativismo moral. Lo que sí recoge y garantiza la Constitución, como derechos fundamentales de toda persona, es la libertad ideológica y religiosa (art. 16); así como el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27). Pero curiosamente, el mismo Gobierno que disculpa el incumplimiento de un explícito mandato constitucional sobre el uso de la bandera, se transforma en el más celoso guardián en la aplicación de la ley, hasta el punto de amenazar con suspender a los alumnos cuyos padres se opongan a que sus hijos sean adoctrinados contra sus convicciones en materias tan trascendentales como la educación afectivo-sexual. Conclusión: el Gobierno ZP se baja los pantalones ante los partidos que desobedecen abiertamente un mandato constitucional, al tiempo que invoca el máximo rigor legal en perjuicio de los menores de edad cuyos padres objeten a la EpC. La incoherencia y doble moral del Ejecutivo no sólo resulta despreciable por lo que significa de doblegarse ante el fuerte y crecerse ante el débil (¡menudo ejemplo de ética progresista!), sino porque consagra aún más la supremacía de los intereses de los partidos políticos sobre el reducto más inviolable de la persona: su conciencia.