Luis Losada, Paso a paso de la ultima estrategia abortista en España

martes 21 de agosto de 2007
Paso a paso de la última estrategia abortista en España
Luis Losada

U NA pregunta parlamentaria desata la campaña. Una maquinaria perfecta de coordinación entre políticos, periodistas y el Defensor del Pueblo Todo empieza con la pregunta de la desconocida diputada de ICV-los Verdes, Carme García el pasado 31 de julio de 2007. Registra una pregunta sobre qué medidas va a tomar el gobierno para normalizar el aborto como prestación sanitaria, suprimiendo el aborto como delito del Código Penal. En la pregunta recuerda que según el informe de la Asamblea Feminista “Interrupción Voluntaria del Embarazo; el derecho de las mujeres a decidir”, sólo el 2,9% de los abortos se practican en centros sanitarios públicos. Una información para la que no hacía falta recurrir a fuentes feministas. Bastaba con acudir a las estadísticas oficiales facilitadas por el Ministerio de Sanidad en su página web. “Veintidós años después de la despenalización parcial del aborto en España aún quedan 'numerosas trabas' y limitaciones en la legislación actual que limitan el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”, añade la diputada más como tertuliana que como legisladora. Ese mismo día, 31 de julio, festividad de San Ignacio de Loyola, El País se tira a la piscina y publica un amplio reportaje –con el rigor propio de PRISA- sobre las dificultades de abortar en un hospital público en España. Al día siguiente, El País dedica su editorial al mismo tema, por aquello de estirar el chicle y tener dos días el asunto en el ‘candelabro’ que diría Mazagatos. En dicho editorial se afirma que ante una situación tan “bochornosa y discriminatoria”, llama la atención la “complacencia y pasividad” de las CCAA competentes en materia sanitaria y del gobierno, Defensor del Pueblo “e incluso el ministerio fiscal”. “La situación merece la atención del Defensor del Pueblo y podría dar materia de investigación al ministerio fiscal”, concluye El País. Las reacciones del Defensor del Pueblo no se hicieron esperar. Ese mismo 1 de agosto, Enrique Múgica anuncia que ya había acordado iniciar una investigación de oficio ante el ministerio de Sanidad para investigar la aplicación de la mal llamada Ley del Aborto. Por supuesto, El País rebota la reacción y se apunta el tanto de que el Defensor del Pueblo le haya hecho caso en tiempo real. En realidad no es exactamente así, porque Enrique Múgica ya planteó esta misma cuestión el año pasado. Así fuente de la polémica sea él mismo. Curiosamente, Múgica negó violentamente a este cronista su intención de abrir una investigación sobre el fraude en la aplicación de la mal llamada Ley del Aborto porque “había proteger el derecho de las mujeres”. La ideología de nuevo, por encima de sus obligaciones institucionales. Y ya para remarcar el tema y por si el asunto no había generado suficiente polémica, la agencia pública EFE, vuelve a resucitar el debate, retomando la misma noticia de la pregunta parlamentaria el pasado 10 de agosto. Conviene insistir en que se trata de una pregunta registrada. Sin más. Pero ha sido suficiente para que la acción concertada de los medios de comunicación estatales, El País y el Defensor del Pueblo hicieran una pinza. De libro. Para aprender.