Luis de Velasco, A bajar los impuestos

jueves 23 de agosto de 2007
A bajar los impuestos Luis de Velasco

“Los impuestos es el precio que pagamos por la civilización”. Luminosa frase, cuya paternidad corresponde a Oliver Wendell Jr., ilustre magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos durante los primeros treinta años del siglo XXI. Digna de meditación.
Un sistema impositivo suficiente para cubrir las decisiones de gasto y equitativo que recaude de cada ciudadano de acuerdo a su capacidad, son las dos características principales para que ese “precio” sea el correcto. O, al menos, lo han sido hasta recientemente, hasta que se han ido abriendo paso ideas y decisiones políticas diferentes que también gozan de fuerza creciente en nuestro país. Son ideas que se presentan, una vez más, como científicamente inobjetables y políticamente asépticas cuando, en realidad, responden a determinados intereses que se ocultan. Van desde afirmaciones como las de “reducir los impuestos es progresista” hasta declarar que “hay que devolver al contribuyente su dinero porque él lo emplea mejor” (frase made in Bush con seguidores en el actual gobierno español), pasando por anuncios, pagados por el gobierno de la Comunidad de Madrid, en los que se ve la enorme alegría familiar porque “han bajado los impuestos”. Siempre con trampa: todo ello referido siempre a los directos, esos que hasta hace poco se nos habían afirmado, correctamente, como los progresivos, los más justos, mientras suben los indirectos, los regresivos, los que gravan a todos por igual.
Vayamos a un caso reciente que ha alimentado el debate político, el caso de las infraestructuras catalanas, claramente un caso de insuficiencia de inversiones. Aunque, por supuesto, no es sólo eso. Hay mucho más, como inoperancia y lentitud de las administraciones publicas, inexistente coordinación entre las mismas, opciones en las decisiones de gasto público por otros proyectos, mala planificación, etc. Como hay también, y eso parece haber quedado oculto por la polvareda de la discusión política, responsabilidad directa de empresas tanto públicas como privadas y de sus gestores.
Dos conclusiones parecen obvias. Una, si se quiere recibir del sector público una serie de prestaciones, si se quiere vivir “civilizadamente”, es necesario dotar a ese sector de los ingresos suficientes y eso, obvio es decirlo pero hay que decirlo en los tiempos que corren, sólo se consigue con un sistema impositivo que reúna esas dos condiciones antes citadas. Dos, argumentar que esos problemas catalanes se resuelven transfiriendo totalmente las competencias a la autonomía y/o privatizando, no tiene base científica alguna. Lo primero forma parte del objetivo de un estado residual, con su coste en eficiencia y equidad. Respecto de lo segundo, hay que recordar que las concesionarias de autopistas y las eléctricas son privadas, algunas desde su creación, otras desde fechas recientes.