La ley, contra el homenaje a ETA

sabado 11 de agosto de 2007
La ley, contra los homenajes a ETA
LA decisión de la Audiencia Nacional de ordenar a la Ertzaintza que impida hoy un homenaje al etarra Sabino Euba, «Pelopintxo», fallecido el pasado día 5, no sólo está suficientemente razonada, sino que resulta lógica. Ante este nuevo desafío de los proetarras, a los que el Gobierno lleva meses consintiendo un infame envalentonamiento con su complaciente política antiterrorista, no cabía otra respuesta judicial. Sin embargo, en este episodio han faltado agilidad y voluntad política para responder con más rapidez. Y ha faltado contundencia desde el mismo momento en que, días atrás, se conoció por los medios de comunicación que el colectivo Etxerat y un individuo vinculado a la organización ilegalizada Segi invitaban a la convocatoria. El juez Juan del Olmo aclara en su resolución que al no constar una solicitud expresa para homenajear en Amorebieta (Vizcaya) al etarra muerto y, por tanto, ante la inexistencia de un permiso administrativo para celebrar el acto, no puede revocarlo y prohibirlo expresamente. Pero para «prevenir» posibles conductas delictivas, insta a la Ertzaintza a impedir su celebración.
El enaltecimiento de etarras fallecidos es una práctica más de la habitual estrategia de ETA de provocar a las instituciones, insultar a las víctimas y rearmarse anímicamente. Buen ejemplo de ese rearme y de esa provocación fue lo ocurrido ayer mismo en el ayuntamiento de Ondarroa, donde varios simpatizantes de ANV insultaron y escupieron a los miembros de la gestora que rigen la corporación. Pero enaltecer a un etarra muerto es también una práctica indiciaria de una más que probable comisión de delitos terroristas, lo que exige respuestas inmediatas y firmes. El hecho de que la Consejería vasca de Interior, la Delegación del Gobierno en el País Vasco e, incluso, la Fiscalía se hayan dejado enredar en los últimos días en un laberinto administrativo a cuenta de las notificaciones oficiales y de las competencias de cada una de ellas antes de decidirse a actuar no ha hecho sino realimentar la estrategia de ETA. Es normal que de nuevo hayan sido las víctimas de etarras como «Pelopintxo» quienes se hayan sentido menospreciadas y se hayan visto obligadas a denunciar el aletargamiento institucional ante esta clase de afrentas.
Desde esta perspectiva, sobran alegaciones como las realizadas desde la Delegación del Gobierno en el País Vasco, desmarcándose de las competencias administrativas en materia de reunión o manifestación toda vez que corresponden al departamento autonómico de Interior. Porque aun siendo esto cierto, también lo es que cualquier autoridad que tenga conocimiento o sospecha de la previsible comisión de un delito debe ponerlo de inmediato en conocimiento de la Fiscalía. En este caso, aunque se ha llegado a tiempo -eso sí, previa denuncia de la inactividad de las instituciones-, se ha reaccionado tarde. Para combatir a ETA y su entorno, las conductas dubitativas y esquivas sobran tanto o más que la tardanza en la respuesta, especialmente si ésta se basa en virtuales formalismos administrativos. La respuesta eficaz contra estos homenajes no debe residir en la arbitrariedad de los despachos, los ocupen quienes los ocupen. Ya reside en el Código Penal.