La infame huelga de los maquinistas

6-VIII-2007
La infame huelga de los maquinistas
Los ciudadanos se han visto presos de unos canallas que, de forma masiva y sin avisar, han asegurado estar todos enfermos.

Decíamos a propósito del secuestro de la revista El Jueves que "la libertad de expresión es un derecho fundamental y, como tal, los límites que le marque la ley deben estar perfectamente tasados y limitados a la defensa de un derecho aún más importante, como pueda ser el de la vida". Con otros derechos de fundamentación más dudosa, como pueda ser el derecho a huelga, cabe ser más exigentes. Pues aun cuando exista un consenso sobre la legalidad de que un grupo de trabajadores incumpla su contrato para reivindicar un conjunto de exigencias a su empleador, no cabe duda de que ese derecho puede entrar en colisión con otros muchos, de ahí que la ley regule cosas como los días que deben transcurrir entre la convocatoria y la huelga o los servicios mínimos que los trabajadores deben cumplir.
Actualmente, los sindicatos sólo mantienen su presencia en el sector industrial y en el público, manteniéndose fuera del sector servicios, el principal de nuestra economía. La mayor parte de los trabajadores españoles no se afilia a ninguno, pese a lo cual se siguen sintiendo legitimados para hablar en nombre de todos ellos, quizá por el excesivo caso que les hacemos medios y políticos. No obstante, siguen teniendo importancia, aunque sea casi exclusivamente por su capacidad de imponer su derecho a la huelga sobre el derecho al trabajo de los demás, ya sea intimidando o directamente agrediendo mediante los piquetes "informativos", ya sea reduciendo o eliminando los servicios del transporte público que permiten a muchos acudir a sus puestos de trabajo, ya sea mediante sabotajes en la red vial como ha sucedido en varios ocasiones con taxistas y transportistas.
Eso es lo que ha sucedido con la huelga encubierta de los maquinistas que han paralizado el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Toledo durante prácticamente toda la semana pasada. Los ciudadanos se han visto presos de unos canallas que, de forma masiva y sin avisar, han asegurado estar todos enfermos. Es decir, han convocado una huelga ilegal que, por tanto, no ha contado con los diez días preceptivos de aviso al tratarse de un servicio básico ni con los servicios mínimos que hubieran garantizado que al menos parte de los ciudadanos que usan esa línea hubieran podido desplazarse en ella durante estos días.
Desgraciadamente, es de esperar que, como sucede siempre, el acuerdo al que ha llegado Renfe con los sindicatos incluya la amnistía para quienes han formado parte de esta huelga ilegal, pese a que su actuación permita a la empresa su despido inmediato sin ningún tipo de contraprestación. Es hora de que las empresas sometidas a este chantaje tomen nota de la actuación de Reagan en 1981, que tras un ultimátum a los controladores aéreos en huelga ilegal decidió despedirlos a todos, sustituyéndolos en parte por jornadas maratonianas de quienes no habían obedecido a los sindicatos y en parte por controladores militares, hasta que los nuevos contratados pudieron ocupar el lugar de los 11.000 despedidos.
No obstante, y visto que éste es un mal endémico, debería estar previsto en la ley de huelga que ningún Gobierno democrático se ha atrevido nunca a aprobar, manteniéndose en vigor el decreto-ley de 1977 según la interpretación que el Constitucional le dio en su sentencia del 8 de abril de 1981. Una ley que debería prohibir el "perdón" a quienes incumplieran los requisitos legales de la huelga, que prohibiera unos piquetes que tras la revolución de las telecomunicaciones está más claro que nunca que no sirven para informar sino para coaccionar y que impusiera la retirada de licencias de taxi o carnets de conducir a quienes impidieran el derecho a la libre circulación en nombre de sus exigencias laborales, entre otras medidas destinadas a compatibilizar el derecho a la huelga con el derecho de los ciudadanos que no participan en ella.