La crisis de mercado de alquiler

lunes 6 de agosto de 2007
La crisis del mercado de alquiler
LA vivienda figura en la lista de preocupaciones prioritarias de los españoles desde hace años, por la escalada de los precios que dificulta el acceso a la propiedad y por la escasa oferta en alquiler. Ambos datos están conectados, ya que el encarecimiento de los pisos es consecuencia de una extraordinaria presión de la demanda, a la que no es ajena la estrechez del mercado de alquiler, el cual no satisface las necesidades de un segmento de la población, los jóvenes, que empiezan su vida profesional y familiar. Y el propio encarecimiento de los innmuebles se convierte en un obstáculo al mercado de alquiler por las exigencias de rentabilidad de esa inversión.
Poco más del 10 por ciento del parque español de viviendas está en alquiler, una de las cifras más bajas del mundo. El espectacular aumento de viviendas en lo que va de siglo -más de cinco millones en siete años- no amplía la oferta, a la que tampoco contribuye la administración pública pese a la prédica en favor de esa opción.
El actual Gobierno llegó al poder con el compromiso de actuar en el mercado de la vivienda, de frenar la escalada de los precios, de ampliar la oferta de vivienda protegida y desarrollar el mercado de alquiler. Para todo ello hizo el gesto de crear un Ministerio de la Vivienda, mero guiño para la galería, ya que no es creando unidades administrativas (que, además, carecen de competencias efectivas) como se aborda un problema tan complejo como éste. Tres años después, es evidente que los socialistas no tenían ideas ni proyectos para ese problema, más allá del discurso hueco y manido. La única ocurrencia para animar el mercado de alquiler ha sido la creación de una sociedad estatal dedicada a intermediar en ese mercado para animar la oferta y la demanda. Poco ha hecho esa sociedad, más allá de instalarse y contratar alguna campaña de notoriedad. Un mercado de alquiler de vivienda no se crea de la noche a la mañana, ni por decreto, ni por ocurrencia ni a base de subsidios. Se trata de algo mucho más complejo que requiere, como urdimbre esencial, la confianza de los agentes del mercado y de un funcionamiento eficaz de las instituciones en las que tiene que apoyarse, y esencialmente en la seguridad jurídica de los contratos. Y todo eso lleva su tiempo para verificar su eficacia.
Venimos de una mala experiencia durante los últimos setenta años, con una ley de Arrendamientos que congeló los precios e intervino el mercado, lo que se tradujo en efectos perversos para el mismo. Así quebró la confianza de los arrendadores y generó recelo hacia esa forma de inversión. Mientras no se restituya la confianza, se garantice la eficacia del desahucio y la responsabilidad de todas las partes que intervienen en los contratos, no habrá un verdadero mercado de alquiler suficiente, serio y pujante. Y el papel de la Administración debe ser menos el de promotor y más el del garante de un buen funcionamiento institucional en esta materia.