Jose Luis Manzanares, A vueltas con el Estatuto de Cataluña

miercoles 22 de agosto de 2007
A vueltas con el Estatuto de Cataluña José Luis Manzanares

Aumentan las peticiones al Tribunal Constitucional para que se pronuncie cuanto antes sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña porque así lo requiere la importancia del caso. Además, los hechos consumados no tienen fácil remedio, aparte de suponer una presión objetiva en cuestiones difíciles cuya resolución tendrá graves repercusiones políticas. Suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad, no habrá muchas impugnaciones que demanden una tramitación más rápida.
Se esperaba que hubiese sentencias antes del verano, pero ahora se especula con que el retraso se prolongará unos meses, hasta el otoño o hasta que se celebren las próximas elecciones generales. La explicación sería el deseo de no interferir en la política. Un argumento que, aunque utilizado ya en los diferentes niveles de la jurisdicción ordinaria, bien merece algún comentario.
La división de poderes significa que el funcionamiento normal de uno no puede estar supeditado a los discutibles intereses de los otros. Las leyes de procedimiento, empezando por las penales, no prevén tales coyunturas. Los tribunales deben actuar como corresponda y dictar sus sentencias en plazo legal. El ciudadano tiene derecho a que las leyes se cumplan en sus propios términos. Nada de tiempos muertos como si la jurisdicción tropezara con algún obstáculo que, no previsto por el legislador, la obligara a improvisar sobre la marcha, estirando plazos o mirando para otro lado mientras vuelve la normalidad.
El Tribunal Constitucional español no se integra en ningún poder del Estado, sino que se sitúa por encima de los tres poderes clásicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como garante del respeto de todos ellos a nuestra Carta Magna. Es, sin embargo, un Tribunal al que le es aplicable cuanto se ha dicho anteriormente. Más aún, aquellos argumentos se refuerzan atendiendo al objeto de sus resoluciones e incluso al modo de designación de sus magistrados. Aquí la política está más próxima que en la justicia ordinaria, lo que aconseja un mayor esfuerzo para marcar distancias. Siempre habrá posiciones distintas entre los magistrados —por eso crean tribunales colectivos— y no faltarán quienes busquen tras patas al gato de las deliberaciones, pero la imagen del Tribunal ganará mucho si evita cuidadosamente el menor síntoma de condicionamiento temporal por las variables circunstancias de su entorno.
Y si el problema es sólo el exceso de trabajo, bueno será que el Gobierno y el legislador de turno se preocupen de una vez por remediar un mal tan antiguo como este Tribunal Constitucional que debe decir la última palabra —y cuanto antes, mejor— en cuestiones fundamentales para el discurrir democrático de España.