Jose Luis Manzanares, La Educacion para la Ciudadania

miercoles 15 de agosto de 2007
La Educación para la Ciudadanía José Luis Manzanares

Arrecia la polémica sobre la nueva asignatura de la Educación para la Ciudadanía. Naturalmente, nadie puede oponerse al loable propósito de que nuestros jóvenes aprendan, además de matemáticas, latín o inglés, lo que es la convivencia ordenada en una sociedad democrática. Como tantas veces, los problemas empiezan de tejas abajo. Perdónese la comparación, pero así ocurrió con aquella “maría” del franquismo que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Nada había que objetar al bonito nombre, pero sí a su contenido en una determinada dirección ideológica, la del Régimen basado en un Movimiento inmóvil.
Pues algo similar ocurre ahora —salven los lectores las distancias que gusten— con la Educación para la Ciudadanía. Sus apóstoles predican lo que pretenden hacer, fundamentalmente enseñar la Constitución, y sus detractores temen que aquella sea sólo la percha para colgar después el adoctrinamiento de la juventud en una opción partidista. Valgan un par de ejemplos. ¿Se buscará la adhesión al matrimonio homosexual explicando el principio de igualdad de sexos que consagra el art. 14 de nuestra Carta Magna? ¿Se enseñará que los avances —es un decir— hacia el aborto libre son compatibles con la proclamación de que “todos tenemos derecho a la vida” en el art. 15?
Ese es el terreno —enfangado por la desconfianza— donde se juega la partida. El resto es vulgar polvareda a cargo de muy importantes personalidades de los dos bandos en contienda, pero polvareda al fin. Si hubiese un acuerdo fiable sobre el contenido de la nueva asignatura, sobrarían la objeción de conciencia, las maniobras retardatorias y la búsqueda de difíciles alternativas. Mientras, la discusión va agriándose al compás de los días. Los últimos protagonistas han sido la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega, por el Gobierno, y monseñor Antonio Cañizares por el Episcopado. Los círculos concéntricos se agrandan. Y el oleaje también.
La vicepresidenta recuerda que nadie puede desobedecer una ley votada en el Parlamento, y monseñor replica que la Iglesia respalda la declaración de Estado aconfesional recogida en la Constitución Española, pero que de ahí al laicismo oficial hay un gran trecho. Y esa atmósfera de tirantez reaviva las demandas de quienes, generalmente desde una izquierda con resabios de sacristía, quisieran suprimir la referencia a la Iglesia en el art. 16.3 de la Constitución, lo que sería difícil por la complejidad de su proceso de reforma, y denunciar unilateralmente los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, para lo que sólo se requiere la voluntad de hacerlo.
Creo que el duro enfrentamiento que ha producido la iniciativa gubernamental no vale la pena en una sociedad ya demasiado crispada. Además, mi personal memoria histórica me dice que aquellos esfuerzos para llevar el agua juvenil a un determinado molino acabaron en un completo fiasco. Las imposiciones pueden ser contraproducentes.
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