Jose Javaloyes, ¿Quien ha de pagar el fracaso del "proceso"?

martes 7 de agosto de 2007
¿Quién ha de pagar el fracaso del “proceso”? José Javaloyes

Cuando el ministro de Justicia insta a los empresarios para que denuncien a los extorsionadores de ETA y les pide que resistan la “tentación” de pagar, después de que el Gobierno a que pertenece sostuviera, mientras el “proceso de paz” estaba vigente, que ETA cumplía en todos sus extremos el acuerdo de alto el fuego; cuando tan peregrina afirmación se hace, viene a plantearse la cuestión de quien debe pagar la existencia del problema ahora reconocido. Un problema que se agravó durante el tiempo en que se negaba que subsistiera.
Y se negaba porque había un empecinamiento presidencial en sostener que las cosas eran como él sostenía y no como aquello en que consistían. Así se ha llegado a esto de ahora mismo: la banda se ha reinstalado en las condiciones mejores que antaño tuvo. Cierto es que muchos de sus componentes han sido apresados por las fuerzas de seguridad, aunque posiblemente se desconozcan aún extremos importantes de su actual organización operativa. El problema es otro.
El problema que compone el actual nivel de presencia etarra no sólo es patente por su presión extorsionadora sobre empresarios y profesionales, aparte de los estragos de la kale borroka, sino por el efecto combinado de ello con discursos políticos y violencias como las de Ondarroa, a cuenta de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca que fueron prohibidas, con la subsiguiente anulación de los votos emitidas a favor de ellas.
Cuantitativamente han sido muchos, en verdad, los etarras detenidos luego de que los criminales declararan finalizado un “alto el fuego” en el que cupo el atentado contra la T-4. Pero cualitativamente, sin embargo, lo cierto es que ETA ha sido reinstalada en las instituciones, perdiéndose los progresos que se habían hecho con la aplicación de la Ley de Partidos. La práctica sistémica del Gobierno en el uso alternativo del Derecho, instrumentada con destreza digna de mejor causa por la Fiscalía General del Estado, ha sido la gran palanca para que resucitara de modo tan exultante la extorsión, el llamado “impuesto revolucionario”, y para que todas las presiones coactivas del terrorismo, en lo político como en lo social y en los económico, vuelvan a ser una pesadilla institucionalizada.
Y entonces es cuando se vuelve a plantear la pregunta: ¿No hay responsable alguno de la rotura de tantos platos? ¿Quién paga este desaguisado? La respuesta, a lo que se ve tras los sondeos del CIS, y de las consultoras privadas, es que la culpa de todo no la tiene el presidente Rodríguez sino el presidente del Partido Popular. Mariano Rajoy cae y se desliza en las encuestas por debajo incluso de la cohorte de enanos políticos que arropan parlamentariamente al entusiasta veraneante de Doñana.
A Rajoy, el tobogán del deterioro de su imagen le lleva hasta los mismísimos sótanos demoscópicos. Es como si el único partido en la Oposición real hubiera pronunciado un manifiesto, ante la opinión pública, en el que, más o menos se dijera así: “los platos rotos por Rodríguez y los consiguientes rubores por lo practicado, corren de nuestra cuenta…”
¿Qué pasa en España cuando se extravía la pública imputación de las responsabilidades contraídas en la cuestión que, según idénticas fuentes demoscópicas, ha vuelto a ocupar el primer lugar en las preocupaciones de los ciudadanos?
Encima, viene ahora el ministro de Justicia y pone el paño al púlpito en el asunto de la extorsión. Con lo que dice Bermejo, por eso del sentido común, todos nos ponemos manifiestamente colorados, haciendo también nuestros sus rubores.
jose@javaloyes.net