Hirientes homenajes

Hirientes homenajes
10.08.2007 -

La manifestación anunciada para este sábado en Amorebieta (Vizcaya) en homenaje al histórico dirigente de ETA Sabin Euba, 'Pelopintxo', ha vuelto a desafiar la capacidad de respuesta de las instituciones frente a la voluntad de los terroristas y su entorno de anteponer su intolerable discurso a la sociedad democrática y, sobre todo, a la memoria herida de las víctimas. La convocatoria ha estado precedida por otros dos actos de reconocimiento, en los que la izquierda abertzale ha atribuido la muerte por enfermedad de Euba nada más y nada menos que a la «impunidad de los métodos represivos» de los Estados español y francés para «negar los derechos de los ciudadanos vascos». La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez que prohíba la marcha, tras constatar que el convocante está vinculado a la organización ilegal Segi y ante la posibilidad de que se esté promoviendo la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo; al tiempo, Interior del Gobierno vasco ha confirmado que actuará si se producen mensajes amenazadores o alusiones a ETA. Sin menoscabo del respeto a los procedimientos jurídicos y administrativos, cabe preguntarse si el hecho de que el protagonista del homenaje sea un etarra no condiciona, por sí mismo, la pretendida normalidad legalizada con que pretende celebrarse. Pero lo que sí parece incuestionable es que los poderes concernidos, y de manera especial los ejecutivos central y autonómico, no han reaccionado con la debida presteza ante una situación predecible por lo reiterada y que, por añadidura, ya había sido denunciada públicamente por las víctimas.El olvido social y político de quienes han padecido directamente la violencia se ha visto intensificado por el insoportable oprobio que han supuesto los gestos de exaltación de los asesinos, incitados en muchos casos desde las corporaciones municipales controladas por la izquierda abertzale; es decir, desde la legalidad instituida. La contemporización con esos comportamientos ahondó durante años la invisibilidad de las víctimas, un baldón colectivo que ahora requiere el esfuerzo intenso y continuado por parte de las instituciones para poder corregir tanta desafección. Una actitud evasiva que tampoco ha redundado, si ése era el propósito inconfensable, en el desistimiento definitivo de los violentos. Pero, sobre todo, los actos para honrar a los terroristas y la perpetuación de su fanática retórica han contribuido decisivamente a construir un inaceptable relato justificador del delito que las instituciones tienen el deber ético de combatir con firme determinación. Lo contrario debilita la efectividad del compromiso de las distintas administraciones con los afectados, cuestiona el alcance de las actuaciones aprobadas por las fuerzas democráticas en el Parlamento vasco y relativiza la promesa, plasmada en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno de Vitoria, de impedir que la historia se escriba «al dictado del verdugo».