miércoles, agosto 29, 2007

Garantias para el tren

Garantías para el tren
30.08.2007 -

El clima de confusión y enfrentamiento en el que se desenvuelven en los últimos meses los socios del tripartito difícilmente va a favorecer la adecuada ejecución de la 'Y' ferroviaria, un proyecto vital para el desarrollo económico y social del País Vasco cuyas obras ya avanzan en Álava y en breve comenzarán a hacerlo en Vizcaya, una vez que las administraciones central y vasca han alcanzado un completo acuerdo político y de financiación. Sobre esta infraestructura estratégica no sólo pesan la amenaza de ETA y los pronunciamientos antidemocráticos y manipuladores de su entorno, sino también la beligerancia de una formación como Ezker Batua. EB mantiene en el Gobierno Ibarretxe a propósito del Tren de Alta Velocidad un 'desacuerdo pactado', por el que se siente facultada para protagonizar episodios como el del lunes en el Ayuntamiento de Mondragón. En esta Corporación, el apoyo de la formación liderada por Madrazo permitió sacar adelante una moción contra el paso del trazado ferroviario por el pueblo, que incluye «adoptar las medidas necesarias para impedir la ejecución de obras o actuaciones complementarias».Mondragón es un ejemplo de lo que podía preverse que ocurriría en localidades atravesadas por el proyecto ferroviario que, a raíz de las elecciones locales del 27 de mayo, cuentan con alcalde de ANV. Si inexplicable resulta el voto en blanco del edil de Eusko Alkartasuna, pese a reconocer que su partido es favorable al proyecto, capítulo aparte, por su ánimo de desinformar y confundir a los ciudadanos, merece la justificación de Ezker Batua de su oposición al paso de un ferrocarril moderno y sostenible por un municipio vital para la conexión entre las capitales. El tren de alta velocidad se abrirá paso en Mondragón como lo hará también en Legutiano, donde el alcalde de EA ya se negó en junio a firmar expropiaciones. Pero la amplia mayoría social que respalda el proyecto y ansía su culminación en 2012 sólo puede reprochar la actitud de unos responsables políticos que anteponen sus intereses electorales al avance de una infraestructura decisiva para Euskadi. El Gobierno vasco debe garantizar que su falta de unidad interna a propósito de una iniciativa presupuestada en más de 4.100 millones de euros no comprometerá su ejecución en los plazos acordados.

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