miércoles, agosto 22, 2007

Futuro incierto para el CGPJ

miercoles 22 de agosto de 2007
Futuro incierto para el CGPJ
SI es cierto que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen en cartera propuestas para desbloquear en septiembre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ambas formaciones estarían en el buen camino de la responsabilidad institucional. Motivos hay, no obstante, para ser escépticos ante esta aparente disposición a un acuerdo que lleva más de un año de retraso. El fundamental es la cercanía de las elecciones generales, que explica la reserva de ambos partidos a configurar un nuevo CGPJ que pudiera no corresponderse, en perjuicio de socialistas o populares, con la correlación de fuerzas en el Congreso y el Senado. Poco sentido tendría no haber pactado en junio de 2006, cuando venció el mandato del CGPJ, y hacerlo ahora, en puertas de unos comicios generales. Por otro lado, sería conveniente que PP y PSOE convinieran antes qué poder judicial quieren que gobierne el nuevo CGPJ, porque en el Congreso están pendientes proyectos de leyes para reformar el recurso de casación y las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia, implantar la llamada «justicia de proximidad» y regular los consejos autonómicos de Justicia. Estos últimos tienen su viabilidad muy condicionada al resultado de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el estatuto de Cataluña. Tampoco han ayudado al consenso las reformas del Tribunal Constitucional y de los nombramientos de los magistrados del Supremo, impuestas por el PSOE en beneficio de sus intereses políticos y condenadas a una revisión futura, en cuanto lo permita un cambio de gobierno.
Por tanto, sería un contrasentido que se pactara la renovación de un Consejo General sin que estuviera determinado qué poder judicial iba a gobernar. Además, a esta incógnita se suma la contumacia de los partidos políticos en ignorar el principio constitucional de este órgano, que lo define como la máxima institución de gobierno de los jueces. ¿Quién se acuerda de los jueces mientras PP y PSOE deciden si hay o no mayorías o minorías de bloqueo o el grado de representatividad política del nuevo CGPJ? Desde 1985, este desprecio por los jueces -y a salvo, en parte, la renovación de 2001 introducida por el Acuerdo de Estado para la reforma de la Justicia- es la causa de la deslegitimación funcional, que no de origen, de esta institución, convertida en una mera prolongación del espectro parlamentario y en una moneda de cambio de las alianzas entre partidos.
Un Estado de Derecho que proclame la independencia de los jueces como su piedra angular no puede permitirse un gobierno de la judicatura supeditado a los intereses partidistas y que postergue los intereses profesionales de los jueces y magistrados, responsables de impartir justicia y aplicar las leyes.

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