viernes, agosto 31, 2007

Financiacion realista para las vacunas

viernes 31 de agosto de 20007
Financiación realista para las vacunas
EL cambio de titular en el Ministerio de Sanidad y Consumo trae consigo nuevos enfoques sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano. Así como Elena Salgado mostró siempre sus reticencias debido al alto coste del producto, Bernat Soria anuncia que se autorizará el fármaco a partir de septiembre y está previsto que el Ministerio y las comunidades autónomas decidan en el correspondiente Consejo Interterritorial si la vacunación se incluye en el Sistema Nacional de Salud. Desde el punto de vista de la política sanitaria resulta muy aconsejable la universalización de esta medida preventiva y lo ideal sería, sin duda, que pudiera incorporarse al calendario general de vacunas. La decisión sobre la edad en la que es procedente vacunar a las niñas es una cuestión técnica que los expertos deben analizar con criterios estrictamente científicos. Sin embargo, el coste del producto es ya una decisión política y financiera, que exige un acuerdo de fondo entre la Administración del Estado, las comunidades autónomas y el sector de la industria farmacéutica. La capacidad negociadora del nuevo ministro se pondrá a prueba en un terreno complejo, donde a veces priman intereses egoístas que resultan siempre perjudiciales para el bienestar de los ciudadanos. En todo caso, una solución razonable requiere sacrificios por parte de todos los implicados y así lo exige la opinión pública, sobre la base de que la propia Constitución -en su artículo 43- reconoce el derecho a la salud y obliga a los poderes públicos a desarrollar medidas preventivas y a organizar las prestaciones y servicios necesarios.
En todo caso, los políticos no pueden manejar a su antojo las cifras en una materia tan sensible. Ahora el Ministerio dice que el cálculo anunciado por Elena Salgado era una estimación «por lo alto». Bernat Soria se va al extremo opuesto y promete que las vacunas tendrán el precio más bajo de Europa, menos de 200 euros, cuando en otros países el coste se sitúa claramente por encima de 300 euros. Es imprescindible que los datos se aclaren cuanto antes y que alguien explique las razones de este súbito abaratamiento de una prestación que debe ser puesta en práctica con el más absoluto rigor y dentro de los márgenes posibles en el plano financiero. La salud no es materia propicia para las promesas electorales. Las decisiones que se adopten en los próximos meses van a influir en el futuro sanitario de muchos miles de niñas españolas y no es cuestión de suscitar expectativas que no se puedan cumplir. Tampoco se debe, por supuesto, administrar de forma rácana el dinero público en una cuestión tan delicada. Por eso, si hace falta gastar 40 millones de euros para la vacuna del papiloma habrá que buscar la manera más apropiada para financiarla. La solución pasa por una voluntad política sensata y realista, con la mirada puesta en el futuro y no en ventajas publicitarias a corto plazo.

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