ETA en Portugal

lunes 27 de agosto de 2007
ETA en Portugal
LA confirmación de que los etarras que atentaron contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango huyeron en un coche alquilado en Portugal en el mes de mayo demuestra que los terroristas aprovecharon la tregua y los meses precedentes para crear en el país vecino la plataforma necesaria para preparar sus atentados en España. Las sospechas de que ETA se había desplazado a Portugal se hicieron más sólidas cuando, a finales de junio pasado, uno de sus «comandos» abandonó en la localidad onubense de Ayamonte un coche con explosivos. Ahora, el Gobierno español está obligado a extender al portugués la misma política de cooperación que en las últimas décadas se ha establecido con Francia. Resulta evidente que las autoridades policiales lusas no tienen el mismo conocimiento que las francesas sobre los modos de operar de los etarras, y esta falta de experiencia en la lucha contra la banda terrorista -junto a otros factores no menores, como la larga frontera que une a ambos países- representa una baza que los etarras intentarán rentabilizar todo lo posible. Hay que confiar en que el Gobierno y la opinión pública portugueses compartan con España el mismo compromiso de erradicación del terrorismo, como corresponde a un país de la Unión Europea, donde la conciencia antiterrorista ha alcanzado niveles muy altos de eficacia policial y judicial, así como un claro rechazo a calificar los crímenes terroristas como simples delitos políticos. Por esto, es imprescindible que se constituyan lo antes posible los equipos conjuntos policiales y que, igualmente, se establezcan con fluidez y confianza canales de colaboración entre los tribunales judiciales de ambos países, instrumentos del Estado de Derecho que han sido claves en el proceso de derrota que sufrió ETA, al menos hasta 2004 y que ahora ha de reactivarse contrarreloj.
A través de la Unión Europea, sus estados miembros se han ido dotando de mecanismos legales, especialmente indicados para hacer frente al terrorismo, como la orden europea de detención y entrega y un convenio de extradición que expresamente excluye al terrorismo del capítulo de delitos políticos, epígrafe en el que, hasta hace no muchos años, algunos países escondían una ignominiosa impunidad para los etarras. España cuenta con el precedente de los acuerdos de Perpiñán, firmados en 2001 con Francia, que recogían la denuncia oficial -por la que nuestro país puede juzgar con preferencia a etarras detenidos en Francia cuando los delitos cometidos en suelo español sean de mayor gravedad- o el acceso inmediato de la Policía española a la documentación incautada a los etarras en el país vecino. Estas iniciativas han acreditado su eficacia y es preciso que el Gobierno español las promueva ante el Ejecutivo luso, porque la derrota de ETA es un imperativo moral y político que incumbe a todas las democracias europeas.