Enrique Badia, Cataluña, percance y sigue

jueves 9 de agosto de 2007
Cataluña, percance y sigue Enrique Badía

Hace semanas que Cataluña, sobre todo en Barcelona, no para de padecer percances merecedores de titular. Aunque quizás el encadenamiento esté provocando una fijación que pudiera estar amplificando situaciones que en otros enclaves apenas suscitan atención. Es lógico, pues, que los directamente afectados se pregunten qué está pasando y cuánto va a durar, con un estado de ánimo que transita del puro cabreo a la resignación.
El punto más conflictivo es el caótico funcionamiento de los trenes de cercanías y los servicios ferroviarios en general. Pero tampoco son inocuos el monumental apagón del pasado 23 de julio, las deficiencias del aeropuerto de El Prat o el bloqueo de la AP-7 durante el primer fin de semana de agosto. Cuestiones —todas— en que las administraciones públicas y sus responsables, sin ser los únicos, tienen bastante que ver. Y no puede decirse que sus comportamientos y reacciones estén contribuyendo a mitigar los percances: al contrario, soliviantan más que tranquilizan al personal.
El latiguillo oficial de los responsables políticos catalanes es que todo es culpa de Madrid, aprovechando para reclamar la cesión de todas las competencias a la Generalitat. Los de Madrid, es decir los encargados del Gobierno central, todo lo achacan a la gestión del Partido Popular (PP) que les precedió. Sólo que, a fuerza de oírlo, los ciudadanos, más espabilados de lo que suelen calcular los dedicados a la cosa pública, empiezan a valorar más las evidencias de lo que no funciona que la palabrería exculpatoria que, a fuerza de repetida, probablemente aburre primero, pero indigna después.
Anteayer, la ministra de Fomento viajó hasta Barcelona para acusar en rueda de prensa al PP del caos que lleva meses instalado en torno a la estación de Sants. Según su versión, todo es consecuencia de lo mal que sus antecesores gestionaron las obras del tren de alta velocidad (AVE). Sin duda, la imputación es cierta, entre otras cosas porque la línea debería estar funcionando desde diciembre de 2004, pero la ineptitud de sus predecesores no mejora su propia gestión ni borra otras responsabilidades, por ejemplo las propias del estamento político catalán.
Aunque se comenta poco, la causa esencial de lo que está pasando estriba en el disparate elegido para introducir el AVE en la estación de Sants. Se hartaron de advertirlo los expertos, pero podía predecirlo cualquiera, por simple sentido común: existía tal cuello de botella entre Bellvitge (L’ Hospitalet) y Sants que cualquier cosa que se hiciera iba a poner al borde del colapso la circulación de trenes desde y hacia Barcelona. Pero las administraciones catalanas, Generalitat (CiU) y ayuntamiento (PSC) no cejaron en su empeño, entre otras cosas contribuyendo notablemente al retraso de la llegada del AVE que ahora no cesan de denunciar.
Partiendo de eso, no puede alabarse precisamente la gestión que están llevando a cabo dos empresas directamente dependientes de Fomento, Adif y Renfe, sobre las que el actual equipo que encabeza la ministra Álvarez lleva mandando más de tres años. No puede alabarse porque han denotado imprevisión, dudosa eficiencia y, lo que es más importante, pésimo manejo de algo tan elemental como la atención a los clientes del ferrocarril. En lugar de prevenirlos y mitigar en la medida de lo posible los perjuicios, han lanzado a los viajeros de bruces contra el caos, sin siquiera articular sistemas adecuados de información. Así, han sido habituales las sorpresas, los imprevistos y sobre todo la incertidumbre, sin saber qué estaba pasando ni cuánto iba a durar.
Se podría considerar que, aunque un poco tarde, la ministra se ha avenido a pedir perdón y paciencia, asegurando que a partir del 15 de septiembre todo irá mucho mejor. Pero no debería extrañar que impere la desconfianza: ayer, una encuesta promovida por la edición digital de La Vanguardia cifraba en un 89 por 100 el porcentaje de quienes no confían en el pronóstico. Entre otras razones, porque meses atrás aseguró que lo peor habría pasado a partir de mayo, pero también porque los ciudadanos tiemblan temiendo lo que vaya a ocurrir cuando se inicien las obras del controvertido túnel a través del subsuelo del céntrico barrio del Ensanche.
Tampoco es probable que ceda la indignación, dado que la principal obligación de los gestores públicos es solucionar problemas, no crearlos ni pedir perdón… salvo que se haga minutos antes de asumir con hechos, no con disculpas, la responsabilidad que corresponda a no haber hecho bien la tarea que a cada uno se encomendó.
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