lunes, agosto 20, 2007

Educacion y dispersion territorial

martes 21 de agosto de 2007
Educación y dispersión territorial
UN grupo de padres de alumnos ha interpuesto numerosos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, solicitando la adopción de medidas cautelares contra el decreto de la Junta por el que se desarrolla la asignatura de Educación para la Ciudadanía para el ya inminente curso escolar. La iniciativa, puesta en marcha en Sevilla, será seguida por otros grupos de padres en las distintas sedes de dicho Tribunal Superior. Los recurrentes consideran vulnerados los derechos fundamentales a la libertad religiosa y la libre elección de la educación que consideren preferible para sus hijos, reconocidos por los artículos 16 y 27 de la Constitución. Si los jueces adoptaran la decisión de suspender la aplicación del decreto, sería casi imposible que la EpC pudiera impartirse en Andalucía desde el comienzo del próximo curso. Es la primera vez que los tribunales tengan que pronunciarse sobre una cuestión polémica que el Gobierno ha enfocado siempre con criterios dogmáticos: las continuas declaraciones de la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, sobre el carácter no negociable de la EpC han sido respaldadas hace unos días por el propio Rodríguez Zapatero durante un mitin veraniego celebrado precisamente en Jerez. Es evidente que el Gobierno está dispuesto a plantear una confrontación ideológica con el objetivo de obtener ventajas electorales y que, a estas alturas de la legislatura, le importa poco poner en marcha una asignatura que ha sido criticada incluso en círculos intelectuales cercanos al PSOE. Por ello es razonable que la reacción social se encauce a través de la tutela judicial: en un Estado de Derecho, son los tribunales los que deben determinar si los actos de los poderes públicos vulneran los derechos fundamentales y cuáles son las medidas apropiadas para la defensa de los mismos. Frente a este mecanismo legal, la objeción de conciencia convierte un instrumento excepcional en una fórmula para la crítica de la legislación vigente que puede realizarse, como se demuestra en este caso, por vías más apropiadas. Lo cierto es que el Gobierno incurre en una falacia dogmática en la medida en que pretende adoctrinar a las personas sobre cuáles han de ser sus creencias en materias en las que, con frecuencia, no existe una única solución posible y en las que la propia dinámica de la democracia constitucional exige una actitud de neutralidad ideológica por parte del poder político.
La reacción de los padres andaluces contra el decreto de la Junta que preside Manuel Chaves pone de manifiesto otra de las consecuencias indeseables del rompecabezas territorial creado por la desafortunada política del Gobierno a lo largo de la presente legislatura. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han expresado serias discrepancias sobre la EpC y están estudiando fórmulas legales para retrasar y mitigar los efectos de su implantación. Por otra parte, los tribunales podrían expresar criterios diferentes en unos y otros lugares de España, puesto que el asunto es complejo en términos jurídicos y las normas autonómicas pueden ser más o menos ajustadas a Derecho según los casos. De este modo se llegaría a una extraña pluralidad de situaciones, de manera que la EpC, en lugar de garantizar una ciudadanía común para todos, será un nuevo y eficaz instrumento para la dispersión territorial. Se cierra así el círculo vicioso puesto en marcha por una decisión errónea: el PSOE pretende imponer una visión sesgada de las grandes cuestiones morales y sociales de nuestro tiempo y, sin embargo, la consecuencia puede ser la fragmentación de ese punto de vista homogéneo en una diversidad que dependa de quién gobierne en cada uno de los territorios.
Zapatero debería ser consciente de que, según sus propias fuentes ideológicas, «la ciudadanía» es un instrumento al servicio de la igualdad de derechos y de la participación de los diferentes puntos de vista en la búsqueda de una perspectiva razonable para los principales debates que plantea la convivencia democrática. Parece que podría suceder todo lo contrario: el poder, a modo de adoctrinamiento masivo, quiere imponer unas ideas que no comparte una buena parte de los españoles y que, además, chocan de raíz con el pluralismo político que proclama la Constitución.

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