Delito y cautela

Delito y cautela
22.08.2007 -

La propuesta realizada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para endurecer la legislación contra la pederastia con medidas como la supresión de los beneficios penitenciarios, la hospitalización a perpetuidad o el recurso a la castración química, ha resucitado el complejo y espinoso debate sobre las fórmulas para combatir un tipo de delitos especialmente dolorosos para las víctimas y la sociedad en su conjunto. Ha sido, de hecho, el rapto y la violación de un niño de cinco años por un delincuente sexual reincidente lo que ha provocado la reacción de Sarkozy. Su planteamiento ha concitado apoyos en Francia, pero también ha suscitado serias dudas sobre su eficacia real y sobre su encaje jurídico. Una controversia que vuelve a reflejar las dificultades para legislar en un terreno tan propicio a dejarse contagiar por las emociones transmitidas por la ciudadanía y en el que, invariablemente, el obligado respeto a los derechos de las víctimas y la prevención del delito colisionan con las garantías legales y las posibilidades de reinserción de que disfrutan los reclusos.El aspecto más polémico de la reforma planteada por Sarkozy es la imposición del ingreso sanitario de por vida o bien de la castración química a aquellos pederastas a los que no se considere rehabilitados. La inhibición física de los agresores sexuales, cuyos efectos no reprimen necesariamente los impulsos más agresivos, lleva años aplicándose en países europeos como Alemania, en Estados de EE UU y también en Latinoamérica, aunque en general con carácter voluntario y sujeta a límites de edad. La adopción de una medida tan extrema parece exigir un consenso previo amplio, alejado de tentaciones guiadas por impulsos emocionales, y una ejecución cuidadosamente calibrada. España no cuenta con legislación al respecto, ni tampoco con mecanismos de control de los reclusos cuando éstos quedan en libertad. De los 2.400 delincuentes sexuales que se encuentran en prisión, 400 han accedido a someterse a terapia. La constatación de que los tratamientos pueden reducir la reincidencia hasta un 5% invita a perseverar en una vía avalada constitucionalmente. Pero la imposibilidad de reeducar a determinados internos -puesta de manifiesto recientemente con el 'violador del chándal'- y la necesidad de velar por la seguridad de las potenciales víctimas parecen aconsejar una revisión sosegada de los protocolos legales y administrativos, que sopese un posible registro policial de los delincuentes y su eventual vigilancia consentida.