Crisis abierta

Crisis abierta
07.08.2007 -

La dimisión del candidato del Partido Socialista a la presidencia de Navarra, Fernando Puras, consumada ayer, supone la primera consecuencia personal del veto impuesto por la ejecutiva federal del PSOE al pacto de gobierno que sus compañeros navarros habían alcanzado con Nafarroa Bai e IU. La renuncia de Puras, que se reincorporará a su actividad profesional tras abandonar su escaño en el Parlamento foral, entraba dentro de lo predecible una vez confirmada la categórica desautorización de la dirección del partido en Ferraz y la frustración indignada con que ha respondido a la misma la mayoría de las bases del PSN. El hecho de que los efectos de la decisión sólo hayan repercutido en Puras y no hayan alcanzado por el momento al secretario general de la formación, Carlos Chivite, puede responder a un intento de contener en lo posible la crisis y evitar un vacío de poder hasta que la militancia celebre su congreso el próximo año. La efectividad de esa actitud se ve comprometida, sin embargo, por los problemas que supondría para el rigor opositor el alargamiento del descontento interno y del enfrentamiento latente con Madrid.La divergencia en un asunto tan capital como la conformación de un gobierno autonómico no ha abierto únicamente una brecha en la complicidad entre el PSN y el PSOE difícilmente reparable. El grave enfrentamiento ha minado, sobre todo, la entidad de los socialistas navarros para hacer visible un proyecto propio frente a la fortaleza de UPN -aunque desgastada tras las elecciones del 27 de mayo- y el empuje del nacionalismo de NaBai, un objetivo que tanto la dirección de Madrid como el partido en Navarra podrían haber tratado de preservar con una gestión menos atribulada y contradictoria de las interminables negociaciones para constituir un gabinete que al final no verá la luz. El conjunto del socialismo está obligado a encarar ahora su crisis con determinación y responsabilidad. Se lo demanda el respeto a sus bases, cuya confianza debe ahora recuperar. Y también se lo exige la obligación de no privar a la ciudadanía de la imprescindible normalidad institucional y de la adecuada representación de sus intereses.