Contra el terror

Contra el terror
27.08.2007 -

El atentado de ETA en Durango ha condicionado la apertura del nuevo curso político, acelerada por la proximidad de las elecciones generales de marzo. La brutal irrupción de la organización terrorista debe conducir a las fuerzas democráticas, pero singularmente a los gobiernos central y vasco y al principal partido de la oposición, a acotar sus discrepancias en un terreno asumible dentro del legítimo derecho a la divergencia. Pero sin que esas diferencias reproduzcan, en ningún caso, una desunión que resta eficacia a la lucha antiterrorista o envíen un mensaje equívoco o confuso a la sociedad sobre la reacción institucional y política que merece el regreso de ETA a las armas. La cercanía de una cita con las urnas que tanto el PSOE como el PP han concebido, hasta límites extremos, como una reválida de los excepcionales comicios de 2004 entorpece la búsqueda de espacios de consenso entre las formaciones políticas. Pero la certeza de que los etarras están plenamente dispuestos a proseguir con su actividad criminal fuerza a socialistas y populares a procurar una unidad que, con todos sus matices y cortapisas, no ahonde el grave destrozo que provoca ETA con cada una de sus acciones.La respuesta ante el retorno del terror requiere del presidente del Gobierno el mismo liderazgo que ejerció durante el fallido proceso para el final dialogado de la violencia, evitando cualquier elusión que contribuya a amplificar implícitamente el desconcierto y el temor que pretenden seguir sembrando la banda y su entorno. La frustración derivada de la ruptura del alto el fuego y la obstinada violencia etarra obligan a Rodríguez Zapatero a dotar de contenido las contundentes declaraciones en las que situó la unidad partidaria como un «muro» frente a ETA tan valioso como la operatividad policial y judicial, y en las que se comprometió a actuar contra la banda con «toda la fuerza de la ley». Es precisamente la legalidad la que delimita la reacción del Gobierno, pero éste debería renunciar, en cualquier caso, a esgrimir esa advertencia como un mero señuelo, con la confianza vana de que su sola mención favorecerá el desistimiento del entramado violento. Es un hecho que la permisividad mostrada hacia parte de las listas electorales de ANV y el acceso de sus miembros a las instituciones restringiría los eventuales efectos de un proceso de ilegalización impulsado a partir de ahora. Pero también que el Estado de Derecho cuenta con instrumentos legales -la Ley de Partidos y la aplicación rigurosa del Código Penal-, y especialmente con los políticos -el arrinconamiento democrático en las corporaciones locales- para evitar que quienes aspiran a subvertir la legalidad continúen beneficiándose de ella. Por eso, resultaría perjudicial que los partidos aireen nuevas discrepancias sobre el futuro de ANV, descubriendo un flanco de fricción que será utilizado por ETA y su entorno para sacudirse su exclusiva culpabilidad.