Banderas y legalidad

Banderas y legalidad
06.08.2007 -

El Tribunal Supremo acaba de dictar dos sentencias con las que no sólo zanja el contencioso abierto a raíz de la negativa del Gobierno vasco a izar la bandera española en la academia de la Ertzaintza en Arkaute, sino que aprovecha para ratificar su propia jurisprudencia y recordar al Ejecutivo de Vitoria que tiene la obligatoriedad de hacer lucir la enseña en todas sus sedes oficiales. Aunque el veredicto cierra un conflicto concreto entre el Estado y el Gobierno autonómico que se remonta cinco años atrás, su repercusión se extiende a una controversia prolongada durante dos largas décadas y cuya resolución, pese a verse forzada por el carácter firme del pronunciamiento del Alto Tribunal, amenaza con enconar las relaciones institucionales en una doble dirección: entre las dos administraciones y entre el Gabinete Ibarretxe y el Poder Judicial, cuyos miembros se han dolido en no pocas ocasiones de las reticencias mostradas por el nacionalismo gobernante a reconocerles como representantes del Estado encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente. Al ampararse en la redacción «imperativa» de la norma de 1981 que regula el uso de las banderas en España, el Supremo niega que el Gobierno vasco pueda acogerse a una interpretación propia y constata la imposibilidad de intentar derogar 'de facto' la ley por la vía de incumplirla reiteradamente.Las argumentaciones de los magistrados ponen de manifiesto la existencia de un contencioso que se ha dirimido en dos planos no sólo distintos, sino en este caso del todo incompatibles. La apelación a una pulsión identitaria que subyace en las alegaciones del Ejecutivo autonómico para justificar la no colocación de ninguna bandera se adentra en el territorio escurridizo y subjetivo de la reivindicación de los símbolos; pero los jueces han desechado los criterios defendidos en ese «ámbito tan etéreo» y han circunscrito el pleito planteado al espacio que les corresponde, definido por la literalidad de la ley. El portavoz del PNV, Íñigo Urkullu, ha censurado la resolución arguyendo que «los sentimientos no se imponen», lo que certifica la voluntad del tripartito de contraponer el mensaje de lo simbólico a la ejecución de la norma y la disposición a seguir explicando la resistencia del Gobierno vasco en una pretendida identidad mayoritaria, que obviaría a aquéllos que no ven impedimento en que la bandera española ondee junto a la ikurriña. Conviene recordar que es el entramado constitucional y estatutario el que confiere legitimidad a ambas enseñas como proyección de una misma legalidad, y que el lehendakari representa al Estado en Euskadi. Como cualquier otro poder, el Ejecutivo de Vitoria está obligado cumplir con la ley y ejecutar las sentencias que dictaminan los tribunales aunque no sean de su agrado, evitando con ello un nuevo y pernicioso enfrentamiento entre instituciones.