Asentamientos conflictivos

lunes 20 de agosto de 2007
Asentamientos conflictivos
A pesar de las promesas del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, el asentamiento ilegal de inmigrantes rumanos en La Herrera (Albacete) continúa en su sitio, e incluso han regresado algunos que se habían marchado. Las imágenes del «campamento», situado al borde del trasvase Tajo-Segura, no son propias de un país civilizado. La carencia de los servicios elementales genera unas pésimas condiciones de vida, en particular por la falta de higiene. La situación se repite en otros lugares de España con grupos de extranjeros que acampan como pueden en espera de que comience la campaña de recogida de determinados productos agrícolas. Dadas las circunstancias, no es admisible el optimismo que transmite el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el éxito de la campaña de control de los cayucos durante el verano actual. La llegada de este tipo de embarcaciones ha disminuido en cifras absolutas, pero es notorio que el año pasado se batieron todas las marcas negativas, y es lógico, por tanto, que las medidas de control hayan producido efectos positivos. Por lo demás, la llegada de subsaharianos a las Islas Canarias a través de los cayucos es tal vez la expresión más aparente del problema, pero dista mucho de ser la fuente más nutrida de acceso ilegal al territorio nacional, puesto que muchos miles de personas utilizan las fronteras terrestres y los aeropuertos como vías de entrada.
Los asentamientos significan la aparición de un fenómeno especialmente grave en relación con la inmigración ilegal. No se trata ya de individuos aislados que deambulan a su aire, sino de grupos relativamente organizados que, dadas las circunstancias, generan conflictos de convivencia con los vecinos de los pueblos correspondientes. Por eso los ayuntamientos no pueden quedarse solos para hacer frente a una tarea que desborda casi siempre sus posibilidades. El Estado y las comunidades autónomas tienen que asumir su cuota de responsabilidad, ofreciendo a los municipios recursos materiales y personal especializado para encauzar los problemas inmediatos. Sobre todo, deben tomar medidas eficaces para impedir la formación de poblados marginales, cuya erradicación, una vez establecidos, resulta siempre más traumática y compleja. España está conociendo a pasos acelerados las consecuencias del fenómeno migratorio. Ciertas decisiones del Gobierno han generado un «efecto llamada» que ahora no es fácil controlar porque ha calado la idea de que lo importante es acceder a nuestro territorio y que, una vez aquí, los «papeles» llegarán tarde o temprano. Los más beneficiados de estas decisiones erróneas son quienes manejan las mafias que trafican con seres humanos, por eso no hay lugar para el optimismo del departamento dirigido por Jesús Caldera.