Alberto Sotillo, El sagrado derecho a la vida

lunes 27 de agosto de 2007
El sagrado derecho a la vida
POR ALBERTO SOTILLO
Estados Unidos prepara una nueva legislación para reducir el tiempo que los condenados a la pena capital sobreviven en el corredor de la muerte. El objetivo no es limitar la angustia de quienes aguardan a que les quite la vida un funcionario del Estado, sino acelerar la tramitación de los recursos de apelación. Lo que ha provocado la protesta de quienes temen que lo que se limite sea el tiempo para recoger nuevas pruebas que eviten la ejecución en caso de inocencia del reo. Por lo visto, tal providencia ya estaba prevista en la «Ley Patriótica»; así que igual dicen que tiene algo que ver con la guerra contra el terrorismo.
Cuando leo estas noticias no es la razón política la que se moviliza en mi interior. Es un misterio más profundo. Porque para mí es un enigma que un sector de la opinión pública norteamericana temerosa de Dios recuerde persuasivamente el derecho a la vida para luchar contra el aborto y, a la vez, olvide ese principio en su defensa de la pena de muerte.
La mía fue una educación cristiana al viejo estilo. Y creo recordar que, cuando decimos que la vida es sagrada, manifestamos que el ser humano es una creación de Dios, digna y admirable, a su imagen y semejanza. El derecho a la vida, supongo, tampoco tendría que ser relativo ni supeditado a la ley del talión. Ni una consigna huera. Nada me asombra más que la fría rutina con la que, a menudo, políticos y funcionarios hacen cálculos abstractos con vidas ajenas como si de reses para el matadero se tratara.
Las sociedades tienen derecho a defenderse, pero creo que nos conviene de vez en cuando entrar en contacto con el dolor que causan ciertas decisiones. Porque igual resulta que no es una cuestión de lucha contra el terrorismo, sino de presupuesto. Según un estudio publicado por «Los Angeles Times», cada preso en el corredor de la muerte de los establecimientos penitenciarios norteamericanos sale 90.000 dólares anuales más caro que un reo común, lo que genera un gasto adicional de 57,5 millones de dólares cada año. Cuestión de caridad presupuestaria.