Acierto de la Casa del Rey

martes 28 de agosto de 2007
Acierto de la Casa del Rey
EL artículo 65 de la Constitución dispone que el Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y que distribuye libremente la misma. Nadie de buena fe puede poner en duda el rigor en la administración de estos fondos, aprobados con carácter anual por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es bien sabido además que los gastos que genera la Corona española no son comparables a los que, por tradición y con pleno derecho, mantienen otras monarquías europeas. En cualquier caso, la decisión de nombrar un interventor de los fondos asignados a la Casa del Rey es una opción acertada que refuerza la transparencia y la credibilidad de una institución como la Corona, altamente valorada por los ciudadanos según todas las encuestas. El nombramiento de interventor ha recaído en Óscar Moreno Gil, un profesional independiente y prestigioso, bien conocido en los medios jurídicos, que se adapta plenamente al perfil que se pretende otorgar a la nueva unidad administrativa. Se trata, en definitiva, de un acierto en todos los sentidos ya que refuerza la plenitud del Estado de Derecho y es totalmente acorde con la configuración de la Casa del Rey en nuestro derecho público. Al igual que ocurre en todas las administraciones públicas, la existencia de la Intervención supone la máxima garantía del control interno de ingresos y gastos y, de cara al exterior, subraya el deseo de la Corona de actuar con absoluta transparencia.
Algunas voces aisladas -con más eco mediático que influencia en la opinión pública- pretenden poner en cuestión desde hace algún tiempo la Monarquía de todos, sin duda porque Don Juan Carlos y el conjunto de la Familia Real son fiel reflejo de los valores de una Transición democrática que intentan descalificar. A pesar de que el flanco económico y financiero deja muy pocos espacios para la crítica, no faltan algunas voces representativas de opciones muy minoritarias que dejan caer de vez en cuando algunas insidias al respecto. A partir de ahora lo van a tener todavía más difícil. La intervención refuerza los principios de buena gestión y todos los responsables del dinero público saben que la firma del interventor ofrece una sólida garantía que avala la plena regularidad de los gastos y los pagos. La Casa del Rey se dota de este modo de un instrumento que se vincula con los principios de eficiencia y economía proclamados por la Constitución para los gastos públicos. Una vez más, la Corona ofrece una lección de buen sentido y cumplimiento estricto de las leyes, interpretando las previsiones normativas de la manera más favorable al buen funcionamiento del Estado de Derecho. Por supuesto que no cabe esperar gran cosa de algunos partidos antisistema que ocupan puestos de alta responsabilidad en las instituciones. No obstante, ahora tendrán que pensárselo dos veces si pretenden insinuar cualquier falsedad respecto de unos fondos gestionados de forma irreprochable.