Accidentes y conciencia social

sabado 11 de agosto de 2007
Accidentes y conciencia social
NI carné por puntos, ni sanciones penales, ni controles de todo tipo. El coste en vidas humanas, los gastos sanitarios y de seguros y la desmoralización social que provocan los accidentes de tráfico en España exceden con mucho los límites razonables en una sociedad moderna. Ahora la DGT anuncia el uso de radares instalados en helicópteros para combatir los excesos de velocidad, una de las principales causas de mortalidad en la carretera. Los poderes públicos tienen, sin duda, un parte importante de responsabilidad, entre otras razones por el estado de las carreteras, sobre todo en la red secundaria. Es verdad que a veces las campañas de la DGT tienen cierto aire de propaganda, de igual forma que es el afán recaudatorio lo que parece inspirar algunas medidas puestas en marcha. Sin embargo, sería injusto cargar todas las culpas sobre la Administración. En efecto, la conciencia social sigue siendo tolerante con los infractores. La velocidad se identifica falsamente con el lujo y con el éxito, de manera que muchos conductores temerarios se adueñan de las carreteras españolas poniendo en peligro su propia vida y la de todos los usuarios. Es sorprendente que estos comportamientos no sean objeto de una severa censura que impida a los irresponsables jactarse de sus falsas «hazañas», pero, por desgracia, así ocurre con alguna frecuencia.
Reforzar la educación vial en la escuela y buscar la colaboración entre la sociedad y los poderes públicos son las únicas vías para luchar a medio plazo contra esta lacra. Detrás de cada accidente hay un drama personal y familiar que conlleva también un fuerte coste económico. Las estadísticas de muertos y heridos son recibidas casi con indiferencia por una sociedad que prefiere mirar para otro lado y asume las cifras de cualquier operación salida o retorno, e incluso de cada fin de semana, como si fueran la consecuencia de una catástrofe natural. Cumplir las normas y respetar a los agentes son reglas elementales en una sociedad democrática.
La Administración debe plantear esta lucha como una tarea a medio plazo, sin ofrecer soluciones mágicas en forma de ocurrencias momentáneas para que se luzca el político de turno. Nadie niega el esfuerzo de la DGT, pero los resultados son muy mediocres. Interior ha hecho demasiada propaganda con el carné por puntos, un paso en la buena dirección pero que, por desgracia, no ha sido la panacea de todos los males. Sería mejor que actuara menos de cara a la galería y con objetivos de mayor eficacia hacia el futuro. Es imprescindible plantear en serio un programa de educación vial y un acuerdo con las asociaciones del sector y con los propios fabricantes de automóviles para encauzar un problema que se escapa de las manos. La tarea es difícil, pero no imposible, como lo demuestra la experiencia en otros países, donde las cifras -siempre excesivas- no alcanzan las dimensiones que se producen en nuestro país.