El Gobierno vasco ocultó datos para espiar a un periodista

El Gobierno vasco ocultó datos para espiar a un periodista
Elsemanaldigital.com

El Departamento de Interior del Ejecutivo Ibarretxe no perdonó que se divulgara una filtración procedente de la Ertzaintza e intentó "controlar" las fuentes del periodista que lo reveló.5 de marzo de 2007. La Viceconsejería de Seguridad que dirige Mikel Legarda ocultó datos a la Justicia para tener acceso a las llamadas telefónicas de un redactor de El Correo. El objetivo de este control era conocer la fuente empleada por el periodista para tener acceso a una información sensible sobre el chivatazo a un presunto colaborador de ETA procedente de la Ertzaintza. El artículo publicado por Óscar Beltrán de Otálora el 10 de mayo de 2006 sentó como un tiro en las altas instancias del Departamento de Interior vasco. Y es que el contenido era explosivo: una filtración procedente del entorno de la Viceconsejería de la Seguridad habría avisado al abogado Koldo Damborenea, imputado por colaboración con banda terrorista, de la inminencia de una operación para detenerle en los días subsiguientes. Al parecer, el chivatazo se había transmitido a familiares del letrado. Tras revelarse el asunto, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Autónoma vasca, dirigida por Gervasio Gabirondo, inició una investigación coordinada por el departamento del viceconsejero Legarda con intención de conocer cuál era la fuente del periodista. Para ello, la Ertzaintza solicitó a la jueza de Vitoria Fátima Ortiz de Alarcón una orden para pinchar el teléfono de Beltrán de Otálora y controlar una serie de llamadas correspondientes a once días entre marzo y mayo de 2006. Para ello se escudaron en la necesidad de investigar el asunto de la filtración.Sin embargo, la petición no fue tan inocente, pues los responsables de la misma ocultaron a la jueza que la operación para la detención de Damborenea había sido realizada conjuntamente con la Guardia Civil. Esto suponía que la fuente del periodista podía proceder del Instituto Armado y que también había de implicarse a la Benemérita en la investigación. No obstante, este detalle fue obviado por Asuntos Internos de la Ertzaintza en su petición a la Justicia. Tras el control efectuado al periodista, se conocieron tres nombres relacionados con la Policía Autónoma vasca. Dos de ellos fueron descartados, centrándose en el tercero, un agente que, por otra parte, había informado de sus contactos con el redactor de El Correo. Asuntos Internos y la Viceconsejería cotejaron sin gran éxito otros artículos de Beltrán de Otálora con posibles informaciones procedentes del ertzaina, y, finalmente, le llevaron ante los tribunales por un presunto delito de revelación de secretos que fue sobreseido por el nuevo juez instructor. Ahora, el Departamento de Interior del Gobierno vasco ha quedado en evidencia y los mandos de la Ertzaintza se escudan en que realizaron el seguimiento por "orden judicial". Una orden que, sin embargo, fue solicitada por ellos mismos ocultando datos a la Justicia para conseguirla.